El señalamiento parte de dos momentos de la política energética nacional. En 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, se impulsó una reforma al sector energético que fue rechazada por el entonces movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Cinco años después, en 2013, la administración de Enrique Peña Nieto concretó una nueva reforma que amplió la participación privada en la industria petrolera.
De acuerdo con el posicionamiento de Morena, este último cambio abrió la posibilidad de que particulares importaran hidrocarburos desde el extranjero, creando un esquema que posteriormente fue utilizado para operaciones que el partido relaciona con el ingreso irregular de combustibles al país.
Uno de los datos centrales expuestos fue que durante el sexenio de Peña Nieto se otorgaron más de mil 370 permisosrelacionados con la importación de hidrocarburos. Entre los casos mencionados se encuentra INGEMAR, empresa vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo.
Morena afirmó que en 2020, ya durante el gobierno de López Obrador, se solicitó retirar permisos de este tipo y que INGEMAR promovió posteriormente juicios de amparo para intentar recuperar sus autorizaciones.
El partido utilizó estos antecedentes para sostener que el denominado huachicol fiscal no surgió de manera aislada durante el actual gobierno, sino que tiene como antecedente el marco regulatorio construido durante las administraciones anteriores. Las afirmaciones forman parte del posicionamiento político de Morena y no implican, por sí mismas, que todos los permisos otorgados hayan estado vinculados con actividades ilícitas.
Morena acusa a Alito de buscar presión desde EU
El pronunciamiento también escaló hacia el terreno político a partir de la controversia relacionada con Andrés Manuel López Beltrán y las medidas adoptadas por Estados Unidos respecto a visas.
Morena calificó el episodio como un asunto político y acusó a sectores de la oposición mexicana de recurrir a instancias estadounidenses para intentar influir en decisiones que corresponden a las instituciones nacionales.
El principal señalamiento fue dirigido contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, a quien Morena acusó de viajar a Estados Unidos para solicitar respaldo o intervención en asuntos de política interna.
El partido cuestionó particularmente que Moreno haya llevado ante autoridades estadounidenses controversias relacionadas con decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), después de recibir medidas cautelares por sus declaraciones.
Para Morena, recurrir a instancias extranjeras constituye una forma de trasladar fuera del país disputas que deberían resolverse mediante los mecanismos políticos, electorales y judiciales mexicanos.
Sin embargo, el partido también marcó una diferencia respecto a las investigaciones contra el dirigente priista: sostuvo que, si existen elementos sobre posibles irregularidades, las autoridades deben investigarlas y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.
En su argumentación, Morena recordó además el desafuero de López Obrador en abril de 2005, episodio que presentó como antecedente de la confrontación política que enfrentó el entonces jefe de Gobierno capitalino antes de convertirse en candidato presidencial.
El posicionamiento cerró con una defensa de la Cuarta Transformación como proyecto político y con una crítica a quienes, según Morena, buscan resolver en el extranjero disputas que corresponden a México.
Así, el partido colocó sobre la mesa dos frentes de confrontación: el origen del marco que permitió la importación privada de hidrocarburos y su relación con el actual combate al huachicol fiscal, y la disputa política con Alejandro Moreno por sus acciones y denuncias realizadas ante autoridades estadounidenses.
