jueves, noviembre 13, 2025
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Quintana Roo: Defraudadores inmobiliarios operaban a través de redes sociales

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El modus operandi de los detenidos consistía primeramente en promocionarse a través de plataformas como facilitadores de inversión en bienes inmuebles.

La FGE alertó sobre las modalidades de los defraudadores inmobiliarios que captaba a sus víctimas a través de redes sociales, ofreciendo servicios de mediación en la compra de bienes raíces hasta 50% por debajo de su costo comercial en Quintana Roo.

Así lo dio a conocer el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar. El modus operandi de los detenidos Luis Fernando y Christopher, consistía primeramente en promocionarse a través de las redes sociales como facilitadores de inversión en bienes inmuebles, asesoría legal para la adquisición de inmuebles recuperados e hipotecas, cesiones de derecho crediticios, litigiosos y/o adjudicatarios; ofrecían propiedades con valores comerciales al 50% de su costo real”.

Posteriormente, para darle certeza jurídica y de legalidad, mostraban a sus víctimas el exterior de algunas propiedades, para después suscribir un contrato privado de prestación de servicios de mediación inmobiliaria ante notario público para realizar la certificación de sus servicios de mediación, lo cual confundía a las personas pensando que estos delincuentes actuaban con legalidad”, añadió el fiscal.

Sin embargo, en muchos casos, dichos inmuebles ni siquiera se encontraban en procedimientos judiciales en materia civil o mercantil, pero hacían creer a sus víctimas que ellos se encargarían de adjudicarse la propiedad.

Citó el ejemplo de una de las víctimas. Una mujer jubilada de 65 años de edad, quien se enteró a través de las redes sociales sobre la oportunidad de invertir su dinero de jubilación en la adquisición de un bien inmueble que fue recuperado mediante un proceso litigioso y ofrecido por los investigados a muy buen precio.

La señora suscribió un contrato de prestación de servicios ante un notario, mediante el cual se acordó un pago de 450 mil pesos.

La transferencia bancaria correspondiente en dicho contrato se establecía que entregarían la propiedad en el mes de febrero de este año, situación que nunca se cumplió, luego de lo cual la afectada presentó la denuncia ante la fiscalía en mayo pasado.

López Salazar envió un llamado a la ciudadanía en general para que antes de invertir su dinero se cercioren de la legalidad de los vendedores o prestadores de servicios y no caigan en este tipo de fraudes.

“Si tienen dudas, pueden acudir a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, siempre es mejor acudir ante las autoridades correspondientes para que los asesoren sobre las mejores posibilidades de su inversión confiable en relación al tema”. (Jesús Vázquez)

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