Belice.– La reciente contratación de seis nuevos magistrados extranjeros ha desatado una fuerte controversia en el ámbito jurídico del país, luego de que la Asociación de Abogados Defensores emitiera un comunicado en el que expresa su preocupación por lo que califica como una “extranjerización sin precedentes” del poder judicial.
Hace dos semanas se informó sobre la incorporación de seis magistrados foráneos, lo que —según el pronunciamiento difundido la tarde de este jueves— eleva a 10 el número total de magistrados extranjeros en funciones, dejando únicamente a cuatro beliceños al servicio de la ciudadanía en ese nivel del sistema judicial.
El documento señala que dos juristas beliceños, entre ellos un magistrado jefe con amplia trayectoria y plenamente calificado, solicitaron recientemente ocupar dos vacantes como jueces, pero sus postulaciones fueron rechazadas. Además, se advierte que, de los 11 jueces que integran los Tribunales Superiores, solo uno es beliceño.
La Asociación subraya que en el país existen más de cien abogados en ejercicio, así como más de una docena de magistrados y magistrados jefes jubilados, además de decenas de profesionales del derecho que laboran en distintas dependencias gubernamentales. Según el comunicado, ninguno de ellos habría sido contactado para ofrecer sus servicios, ni siquiera de manera temporal.
Para los firmantes, esta situación constituye “una afrenta al sentido de nacionalismo y dignidad nacional” y representa una amenaza para la democracia y el sistema de justicia. El posicionamiento concluye con una advertencia: “La situación es alarmante”.
Ante los señalamientos, se consultó al actual Fiscal General, Anthony Sylvester, exmiembro de la Asociación de Abogados Defensores, sobre lo que sus antiguos colegas denominan la “extranjerización del poder judicial”. El funcionario inició su respuesta refiriéndose al reclutamiento de estudiantes de derecho para integrarse a un sistema ampliado de asistencia jurídica, como parte de los esfuerzos por fortalecer la cobertura legal en el país.
La discusión sobre hasta dónde puede llegar la participación de profesionales extranjeros en el sistema judicial continúa abierta, en medio de un debate que confronta la necesidad de reforzar la capacidad institucional con la defensa del talento y la soberanía nacional.
