Por Ramón Aguilar Fernández
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En Tulum existe una verdad incómoda que ninguna administración ha querido enfrentar con seriedad: la Dirección de Desarrollo Urbano ha sido, por años, una de las áreas con mayor flujo de recursos fuera de los mecanismos formales de recaudación municipal. No se trata de rumores recientes, sino de una práctica ampliamente conocida en el ámbito político, empresarial y social del municipio.
La prueba no está en declaraciones, sino en los hechos acumulados a lo largo de varias administraciones: obras irregulares que se multiplicaron sin consecuencias, desarrollos autorizados sin esquemas de impacto ambiental, construcciones en zonas de cenotes, proyectos sin infraestructura eléctrica ni sanitaria, densidades superiores a las permitidas y permisos otorgados en abierta contradicción con los planes de desarrollo urbano.
Tan grave es el rezago y la ilegalidad, que el propio gobierno del estado ha tenido que informar públicamente sobre desarrollos que carecen de licencias y de certeza jurídica, exhibiendo un desorden que no puede explicarse solo por incapacidad administrativa. Aquí hubo omisiones sistemáticas. Y en derecho público, la omisión reiterada también genera responsabilidad.
En este contexto, el reciente relevo en la Dirección de Desarrollo Urbano no puede leerse como un simple ajuste interno. Es una decisión de alto impacto legal y político. Diego Castañón Trejo, en el último año de su administración, coloca al frente de esta área estratégica a un funcionario formado dentro de la estructura municipal, debutándolo en una de las direcciones más sensibles del ayuntamiento.
La pregunta no es personal. Es institucional y legítima:
¿Llega para auditar, corregir y transparentar… o para administrar el mismo modelo bajo un nuevo nombre?
Porque quien encabeza Desarrollo Urbano no solo firma permisos. Administra discrecionalidad, define criterios, retrasa o acelera trámites, y decide qué irregularidades se toleran y cuáles se castigan. Ese poder, ejercido sin controles reales, se convierte en una herramienta de presión económica y política.
Más aún cuando el relevo ocurre en la antesala de un nuevo proceso electoral. El riesgo es evidente: que una dirección históricamente opaca sea utilizada no para ordenar la ciudad, sino para financiar estructuras políticas, cubrir compromisos heredados o garantizar lealtades rumbo a la próxima campaña.
Aquí el lema priista “Bienestar para tu familia” adquiere un significado perturbador. Porque cuando el crecimiento urbano se convierte en botín, el bienestar deja de ser colectivo y se transforma en privilegio de unos cuantos, mientras la ciudad acumula conflictos legales, ambientales y sociales que tarde o temprano terminarán en tribunales.
Lo verdaderamente alarmante no es el relevo.
Es que nunca se haya realizado una auditoría integral, pública y técnica a la Dirección de Desarrollo Urbano, pese a los señalamientos reiterados, las evidencias visibles y la intervención estatal.
La cosa es la política.
Y en Tulum, ya no basta con cambiar funcionarios. Lo que está en juego es la responsabilidad administrativa, legal y política de quienes permitieron que el desorden se normalizara.
