El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que presentó una solicitud de licencia temporal al cargo, en medio de las investigaciones abiertas en su contra por autoridades de Estados Unidos.
A través de un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario señaló que su decisión responde a su “convicción republicana” y a la intención de no afectar al movimiento político al que pertenece, Morena. Asimismo, aseguró que busca facilitar el trabajo de las autoridades mexicanas durante el proceso.
“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación”, expresó.
La decisión ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer el pasado miércoles una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. En el mismo señalamiento figuran otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Rocha Moya estaría vinculado con la facción criminal conocida como Los Chapitos, a quienes se les atribuyen acciones para favorecer su llegada al gobierno estatal, incluyendo presuntas prácticas como intimidación y manipulación del proceso electoral.
Tras el anuncio, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, Rodolfo Valenzuela, convocó a una sesión extraordinaria para dar trámite a la solicitud de licencia y definir al mandatario interino. De manera preliminar, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, pueda asumir el cargo.
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que no procederá, por el momento, con la detención del gobernador ni de los otros funcionarios señalados, al considerar que las pruebas enviadas por autoridades estadounidenses resultan insuficientes.
En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición provino de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pero no cumple con los elementos necesarios para su ejecución en territorio nacional.
El caso ha generado una fuerte expectativa política y jurídica, mientras avanzan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
