El forcejeo entre Morena y sus aliados del PT y el PVEM por la reforma electoral ya comienza a generar efectos colaterales en el Congreso de la Unión. Una de las primeras afectadas es la iniciativa presidencial para reducir las llamadas “pensiones doradas” de ex altos funcionarios, la cual, aunque se anunció que sería enviada al Senado, quedó detenida en medio de las diferencias por las listas plurinominales y el recorte al financiamiento de partidos.
El conflicto abre la puerta a una posible parálisis legislativa, pues diversas iniciativas podrían convertirse en moneda de cambio hasta que se resuelva la reforma electoral. Analistas advierten que la discusión podría escalar, mientras los aliados del partido en el poder frenan, por motivos propios, una reforma que ha sido señalada por la oposición como un retroceso democrático.
En Quintana Roo, llamó la atención una circular enviada por la gobernadora Mara Lezama a actores políticos y medios locales, en la que pidió no mencionar al actual administrador de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, al asegurar que “no es su candidato” rumbo a la sucesión de 2027. La decisión ha generado especulaciones sobre presiones internas y posibles movimientos anticipados en la carrera por la gubernatura.
En otro frente, en Baja California, el ex secretario de Seguridad, Alberto Capella, lanzó críticas contra la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila, señalando presuntos cuestionamientos desde Estados Unidos hacia funcionarios locales. Capella incluso anticipó que podrían darse nuevos anuncios desde Washington, lo que ha encendido el debate político en la entidad.
Así, entre reformas atoradas, disputas internas y señalamientos cruzados, el escenario político nacional y estatal se mantiene en constante tensión.
