Tras darse a conocer una lista con los nombres de ex funcionarios e integrantes de partidos políticos a quienes se les embargaron sus cuentas bancarias, de acuerdo con el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestos nexos con una banda rumana dedicada a la clonación de tarjetas de crédito. El miércoles 9 de febrero del 2021 el Consejo Político Estatal de Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destituyó de su cargo al líder en la entidad, José de la Peña Ruíz Chávez.

Mediante la llamada “Operación Caribe” la UIF dio a conocer las cuentas embargadas en las que aparece el nombre de José de la Peña Ruiz de Chávez; 24 horas después de haber salido a la luz dicha información, el consejo político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destituyó de su cargo a José de la Peña y en su lugar nombró a Pablo Bustamante Beltrán como el nuevo secretario general del partido en el Estado.

En un breve comunicado, el Partido Verde confirmó el cambio y agradeció a José de la Peña el trabajo realizado para consolidar el trabajo con militantes y simpatizantes. Cabe mencionar que en el comunicado no se abundó sobre los motivos para realizar este relevo en la dirigencia estatal.

Pablo Bustamante Beltrán es regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez y también se desempeñaba como secretario de finanzas del Partido Verde Ecologista de México; al tomar la estafeta aseguró que continuará con la labor de unidad institucional. Al respecto, el joven político de 27 años y licenciado en derecho mencionó que su principal compromiso es consolidar al verde como una de las principales fuerzas políticas en las próximas elecciones.

De igual manera Bustamante Beltrán hizo reconocimiento a José de la Peña Ruiz de Chávez, “quien durante su tiempo al frente del Partido Verde logró un importante trabajo con militantes y simpatizantes”, señaló.

Sin embargo, el comunicado no informó si el actual diputado del congreso local, José de la Peña continuará como líder de la fracción parlamentaria del Partido Verde en el Congreso del Estado, al ser relacionado con el líder de la llamada Mafia Rumana, Florian Tudor, dedicado a la clonación millonaria de cuentas en cajeros automáticos del Caribe Mexicano.

Otros nombres relacionados al caso.

En el documento realizado por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021, enlista también los nombres de Ricardo Antonio Vega Serrador empresario propietario de las empresas distribuidoras de combustible y varios desarrollos inmobiliarios en Cancún, conocido como el “zar de las gasolineras”, dueño de La Gas, las tiendas Go Mart y socio en otras estaciones como Full Gas y Gulf.

El notario Naín Díaz Medina; José Alberto Gómez Álvarez empresario de medios de comunicación y promotor de box, así como el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre José Luis Yong Cruz. Francisco Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) y a su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido.

Por último, figura en este listado Leticia Rodríguez Lara, alias ‘Doña Lety’, supuesta líder del ‘Cártel de Cancún’ o ‘grupo de Bonfil’, quien actualmente se encuentra en prisión. Los titulares de las cuentas podrán apelar ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

Tras el financiamiento de las campañas políticas para las elecciones del próximo 6 de junio y la persecución de una banda que se dedica a la clonación de tarjetas al sureste del país, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha comenzado la cacería en contra de quien registre ingresos no comprobados mediante sus cuentas bancarias.

En el 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para mejorar la fiscalización en el proceso electoral, el cual les permitirá reforzar el intercambio de información entre las dos instituciones para alertar sobre los movimientos financieros de aquellos candidatos que cuenten con algún tipo de investigación en su contra.

De igual manera, derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF, se logró identificar mediante la llamada “Operación Caribe”, a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones la ciudad de Cancún en Quintana Roo.

Tan solo en la semana pasada la UIF congeló varias cuentas bancarias en Quintana Roo que quedaron sujetas a una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda en la que los implicados deberán comprobar que la procedencia del dinero en sus cuentas y operaciones bancarias es lícita.

 

En la lista oficial de cuentas congeladas por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021 se encuentran los nombres de personas como el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre, José Luis Yong Cruz; Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety”, ex integrante de la Policía Judicial Federal y ex líder del cártel de Cancún; El ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Francisco Garibay Osorio y su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido; Ricardo Antonio Vega Serrador, dueño de “La Gas”, tiendas “Go Mart” automotriz “Land Rover” y varios desarrollos inmobiliarios en Cancún; El diputado del Partido Verde, José de la Peña Ruiz Chávez; El notario Naín Díaz Medina y el dueño del periódico Quequi, José Alberto Gómez Álvarez.

En el caso de Ricardo Vega Serrador no es la primera que sus cuentas son bloqueadas por el SAT, ya que ha sido investigado anteriormente por “lavado de dinero” en México y Estados Unidos, razón por la cual le fue cancelada la concesión de la agencia Ferrari en Cancún.

En la lista de empresas intervenidas y cuyas cuentas fueron embargadas por el SAT a solicitud de la UIF aparece la Inmobiliaria Crisantemos S.A. de C.V. donde existe un nexo entre Ricardo Antonio Vega Serrador y Francisco Garibay Osorio, ya que esta empresa fue creada por el “Zar de las Gasolineras” el 23 de junio de 2003 y vendida el 4 de junio de 2010 a Garibay Osorio y a su hijo Iván Eliud Garibay Pulido.

La investigación señala a varios funcionarios, quienes no habían sido tocados durante muchos años, pero que por instrucciones del gabinete de seguridad nacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se procedió a congelar sus cuentas e iniciar la investigación.

El documento enlista a 20 empresarios, funcionarios y empresas a las que se les embargaron sus cuentas de acuerdo con el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera y folio SIARA UIF/2021/000097 mediante el cual se notifica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al SAT congelar dichas cuentas.

Las empresas y personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, cuentan con un plazo de 10 días a partir de la notificación para apelar ante la Unidad de Inteligencia Financiera la licitud de sus ingresos.

En el caso de las próximas votaciones a celebrarse el 6 de junio, la autoridad electoral vigilará el origen y destino de los recursos públicos que se utilizarán en las campañas, pero también los montos de aquellas aportaciones permitidas por la normatividad. Para este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral deberá vigilar alrededor de 30 mil campañas simultáneas en todo el país, lo que implicará un complejo proceso de fiscalización.

La colaboración con la UIF permitirá identificar financiamiento ilícito, destino indebido en el manejo de los recursos públicos que utilizan los partidos políticos, aportaciones de dudosa procedencia o incluso uso de empresas fachada, factureras o simulación de operaciones durante las campañas.

En tanto a la investigación sobre el grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Florian Tudor alias “El Tiburón”, líder de la Banda de la Riviera Maya, así como de 78 personas físicas y morales más relacionadas con dicho grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias de turistas, moviendo más de 240 millones de dólares a nivel global.

La organización criminal, que actualmente se ha expandido a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta, opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) , para posteriormente realizar retiros de esas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.

Dicha información ya había salido a la luz ocho meses atrás, después de que sus operaciones fueran reveladas mediante una investigación periodística.

El Gobierno de México ha señalado que entre sus principales ejes de acción se encuentran la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales que utilicen al sistema financiero mexicano para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas. Estas acciones buscan combatir a las organizaciones criminales que operan en el país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero.

Con información de: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Milenio, Proceso, Pedro Canché y La Jornada.