• Esta acción gubernamental se enmarca en un escandaloso caso de fraude inmobiliario que afecta a la ciudad de Tulum, en Quintana Roo.

El pasado 21 de agosto, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, tomó la decisión de suspender la patente de la notaría pública número 97 en el estado, perteneciente al abogado Carlos Tomas Goff Rodríguez. Esta determinación se basó en las violaciones a la Ley del Notariado de Yucatán que se le imputan, según lo anunciado el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial del Estado.

Esta acción gubernamental se enmarca en un escandaloso caso de fraude inmobiliario que afecta a la ciudad de Tulum, en Quintana Roo, y que ha dejado a la luz una red de corrupción que involucra a empresarios, notarios públicos y funcionarios locales y estatales.

El caso comenzó a ser conocido cuando Liubov Prudkovskaya, una mujer rusa nacionalizada mexicana, denunció haber sido víctima de un despojo de propiedad en Tulum. La afectada había adquirido un terreno en la Manzana 3 Región 15 de Tulum en 2004, que contaba con un título de propiedad firmado por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Sin embargo, al verificar su propiedad en noviembre de 2021, Liubov descubrió que se estaba construyendo un desarrollo inmobiliario en su terreno, conocido como “Solemn Skyview Homes”, compuesto por 44 casas de lujo, cada una valorada en 300 mil dólares. Para su sorpresa, había sido despojada de su propiedad de manera ilegal.

Las investigaciones revelaron que un poder notarial falso a nombre de una persona desconocida y un título de propiedad fraudulento se habían utilizado para apropiarse del terreno. Jesús Garza García, propietario de la inmobiliaria Akela Development Group SA de CV, y el notario público Jaime Boeta, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, estuvieron involucrados en la fabricación de estos documentos fraudulentos.

Una vez obtenida la escritura de propiedad, Garza García y sus socios agilizaron los trámites, incluyendo el pago del impuesto predial y los permisos de construcción, para asegurar su posesión del terreno. Aparentemente, sobornaron a funcionarios gubernamentales para obtener los permisos necesarios.

El caso se complica aún más con la revelación de que Liubov Prudkovskaya contrató al abogado Pedro Villanueva Escabi, quien presuntamente fue sobornado por Garza García para actuar en contra de los intereses de su cliente.

Este escándalo ha sacado a la luz una trama de corrupción que involucra a funcionarios estatales y municipales, notarios públicos y empresarios inmobiliarios. La víctima y otros afectados están decididos a luchar por la recuperación de sus propiedades y por llevar a los responsables ante la justicia.

Además, este caso ha generado preguntas sobre la integridad y ética de algunos abogados involucrados, quienes aparentemente habrían colaborado con los perpetradores del fraude inmobiliario a cambio de beneficios personales.

Por otro lado, el caso también ha sido marcado por circunstancias misteriosas, como la desaparición y muerte del socio de Garza García, Rubén Aguilera Negron, así como el intento de agresión contra Sophie Ch., una excolaboradora de Akela.