La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma electoral que busca impedir que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos públicos durante los próximos procesos electorales.
La propuesta contempla modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral y tendría como principal función revisar perfiles de aspirantes postulados por partidos políticos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo es fortalecer la integridad de las elecciones y evitar que estructuras criminales logren infiltrarse en espacios de representación política.
Sheinbaum señaló que la reforma ha sido trabajada desde hace tiempo y afirmó que su administración decidió enviarla de inmediato para que pueda ser considerada rumbo al proceso electoral de 2027.
La iniciativa establece que los partidos políticos podrán entregar voluntariamente a la comisión los nombres de sus aspirantes a candidaturas para que sean evaluados mediante consultas realizadas a distintas instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Entre las dependencias contempladas se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la explicación de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años.
El procedimiento contempla que las instituciones consultadas determinen si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Posteriormente, la comisión comunicaría los resultados a los partidos políticos, quienes finalmente decidirían si mantienen o retiran las candidaturas.
El gobierno federal aclaró que la propuesta se apega al principio constitucional de presunción de inocencia y subrayó que las autoridades no bloquearán candidaturas de manera directa. Sin embargo, en caso de encontrar información relevante, las instituciones correspondientes podrán continuar investigaciones y presentar denuncias conforme a sus facultades legales.
Además, quienes busquen contender por cargos públicos deberán manifestar obligatoriamente su consentimiento para ser evaluados por la comisión como requisito previo a cualquier postulación partidista.
La iniciativa también establece que toda la información derivada de las evaluaciones será tratada bajo estrictos criterios de confidencialidad y reserva, con el objetivo de no afectar investigaciones en curso ni vulnerar el debido proceso.
El anuncio ocurre en un contexto marcado por diversos casos recientes de autoridades municipales investigadas o detenidas por presuntos nexos con organizaciones criminales, situación que ha intensificado el debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y estructuras de gobierno local.
