Chetumal, Quintana Roo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo, a cargo de Reyna Arceo Rosado, ha informado sobre la sanción a aproximadamente dos mil trabajadores del Gobierno del Estado por no actualizar su Declaración Patrimonial correspondiente al período 2025.
Arceo Rosado explicó que un total de 43 mil burócratas quintanarroenses están obligados a cumplir con esta declaración anual. Sin embargo, tras un proceso de revisión, se identificó que cerca de cinco mil empleados presentaron retrasos en la entrega de su documentación. Estos fueron requeridos formalmente, conforme a los 60 días que establece la normativa para subsanar la omisión.
De los cinco mil casos detectados, tres mil lograron justificar su retraso y regularizar su situación, incluyendo aquellos que se encontraban en procesos de baja por retiro voluntario o jubilación. No obstante, los dos mil restantes incumplieron de manera persistente, incluso después de ser citados a comparecer, lo que llevó a la aplicación de las sanciones correspondientes, en estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que, a pesar de la gravedad del incumplimiento, se brindó una oportunidad a los burócratas afectados, optando por no aplicar la sanción más severa, que es la separación definitiva del cargo.
Las sanciones contempladas en la legislación para este tipo de faltas pueden variar, incluyendo amonestaciones públicas o privadas, suspensiones temporales de hasta 30 días naturales, inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos, y en los casos más graves, el cese definitivo del puesto, según detalló la funcionaria estatal.
