Un caso que combina acusaciones de despojo de tierras con contratos millonarios salió a la luz en Tulum, luego de que un empresario señalado como “ladrón de tierras” no se presentara a una audiencia ante el juez de control, bajo el argumento de estar ocupado firmando un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionado con las obras del Tren Maya.
De acuerdo con fuentes judiciales, el imputado debía comparecer en días recientes para responder por acusaciones de despojo de predios en la zona de Tulum, donde diversos ejidatarios y particulares han denunciado la invasión y apropiación irregular de terrenos con alta plusvalía. Sin embargo, el señalado envió a sus abogados para justificar su ausencia, aludiendo compromisos de carácter oficial vinculados al megaproyecto federal.
La situación generó indignación entre los afectados, quienes acusan un trato preferencial por parte de las autoridades judiciales. “No puede ser que alguien que enfrenta señalamientos tan graves evada la justicia amparándose en contratos con el gobierno federal”, expresó uno de los representantes legales de los denunciantes, quien pidió que se garantice el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
El caso refleja el choque entre dos realidades: por un lado, los compromisos de inversión y desarrollo del Tren Maya, considerado uno de los proyectos insignia del gobierno federal; por otro, los reclamos de comunidades locales que denuncian irregularidades en la tenencia de la tierra y la falta de certeza jurídica en la región.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación por presunto despojo y fraude inmobiliario, aunque hasta el momento no se ha confirmado una nueva fecha para la audiencia.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos y ambientalistas advierten que la impunidad en este tipo de casos alimenta un clima de desconfianza y vulnerabilidad, en una zona donde la especulación inmobiliaria y el desarrollo turístico han detonado conflictos sociales y ambientales.
La ausencia del imputado en los tribunales y su simultánea presencia en negociaciones con la Sedena evidencian la compleja relación entre intereses privados y proyectos públicos en Tulum, dejando en suspenso la resolución de un conflicto que afecta tanto a comunidades locales como a la credibilidad de las instituciones de justicia.
