La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue obligada a detener la construcción de una casa de descanso frente a la Laguna de Bacalar, tras una resolución judicial derivada de un amparo interpuesto por ciudadanos de la zona, preocupados por los posibles daños al ecosistema.
El juicio de amparo 241/2025, promovido por el abogado Ángel Gabriel Pool Navarro, va en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por presunta omisión de sus funciones al permitir la obra sin exigir un estudio de impacto ambiental.
“Tenemos la obligación moral de dejarles un medioambiente sano a nuestros hijos en el futuro. Si no nos preocupamos hoy, nadie lo hará”, declaró Pool Navarro en entrevista.
Según la resolución del Juez Primero de Distrito con sede en Quintana Roo, las autoridades deberán verificar si las acciones realizadas —incluyendo la extracción de agua y lodo, así como la construcción de estructuras— representan una amenaza para la Laguna de Bacalar, conocida por sus siete colores únicos y la biodiversidad que alberga.
La obra, iniciada el 15 de enero, generó preocupación entre la población cuando se detectó el uso de maquinaria pesada y labores de dragado en la laguna. Esto provocó movilizaciones ciudadanas y, posteriormente, el recurso legal que hoy logró frenar los trabajos.
Cabe señalar que fue la propia Semarnat, mediante un comunicado emitido el 1 de abril, la que informó que había otorgado una exención de estudio de impacto ambiental, lo que generó aún más indignación entre los habitantes.
“Si una institución que todos respetamos, como la Sedena, actúa así, ¿qué ejemplo estamos dando? Si ellos lo hacen, cualquiera podría hacerlo”, expresó una de las personas que participó en la acción legal.
Según información de los promoventes, la Sedena detuvo las obras desde el sábado pasado, en cumplimiento con la suspensión provisional. El proyecto estaba destinado a funcionar como una casa de descanso para militares que enfrentan estrés por operaciones del Ejército.
Este caso podría marcar un precedente importante en la defensa ambiental del patrimonio natural de Quintana Roo y pone bajo escrutinio la actuación de instituciones federales respecto a proyectos en zonas ecológicas sensibles.
