En un comunicado emitido a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan, responsable de los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, aseguró que las acusaciones interpuestas por el Gobierno de Quintana Roo son infundadas. Según Aguakan, el Gobierno Estatal presentó una denuncia penal en contra de varios de sus funcionarios y consejeros, relacionada con hechos ocurridos en 2014, cuando se modificó la concesión de la empresa.
Aguakan explicó que, en 2014, se firmó un acuerdo con el Gobierno estatal que extendió el plazo de la concesión hasta 2053 y que incluyó el servicio de agua en Solidaridad. Como parte de este acuerdo, la empresa pagó una contraprestación de mil 055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado. Además, la compañía destacó que todos los procedimientos se realizaron de manera transparente, con la aprobación del Consejo Directivo de la CAPA, los cabildos municipales y el Congreso del Estado.
La empresa también expresó su sorpresa por lo que considera un malentendido por parte de la Gobernadora María Elena Lezama Espinosa y reafirmó su disposición al diálogo con su administración para resolver cualquier duda dentro del marco de la ley.
En su comunicado, Aguakan destacó que la situación podría afectar a los 22.5 millones de trabajadores que tienen participación en su capital, a través de diversas Afores y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), quienes podrían ver alterados sus recursos.
Desde su llegada a Quintana Roo, DHC-Aguakan ha invertido más de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura, incluida la instalación de 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua, demostrando su compromiso con el desarrollo de la región.
La empresa confía en que los tribunales esclarecerán la legalidad de sus acciones y que el Estado de Derecho prevalecerá en Quintana Roo.
