Durante la conferencia mañanera que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves, plantearon el caso del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, ex secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos que también aspiraba a la alcaldía del municipio.

El mandatario federal afirmó que estaba enterado de la situación y agregó que se estaría tratando el caso, posteriormente aunó sobre el tema relacionado con asesinatos políticos, ya que en lo que va del proceso electoral han atentado contra 47 de ellos.

Explicó que, durante las elecciones, grupos delictivos y delincuentes “de cuello blanco” se unifican para financiar campañas de ciertos candidatos a puestos populares, para poder “tener control de los municipios y los estados”.

Añadió que algunos candidatos recibían dinero directamente de la delincuencia para que, si obtenían la alcaldía, pudieran designar al Secretario de Seguridad Pública; posteriormente esto escaló al grado en el que los grupos delictivos imponían al encargado de Obras Públicas y ahora también al Presidente Municipal para que esté a sus órdenes.

AMLO también mencionó que los grupos delictivos les imponían cuotas a los presidentes municipales que salía directamente del presupuesto del ayuntamiento, y si no cumplían con ello, “los ajusticiaban”.

El Presidente de México enfatizó en que se estará trabajando en la protección de aquellos que buscan un cargo de elección popular en México y que también se vigilará que los aspirantes no formen para de la delincuencia, esto para evitar la violencia política.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Los lineamientos incluyen un capítulo 3 de 3 contra la violencia, en el cual los partidos políticos están obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Además, no podrán ser candidatas o candidatos las personas que hayan sido sancionadas como deudor alimentario o moroso, que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentario.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación, y de Prerrogativas y Partidos Políticos, destacó que con estos lineamientos se fortalece el sistema democrático, ya que se evidencia la calidad de representación que puede tener una persona violenta.

De igual manera Humphrey comentó que, “Será obligación de los partidos políticos dar atención a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, sujetándose a principios como el debido proceso, la dignidad, la debida diligencia, la máxima protección, la imparcialidad, la igualdad y la no discriminación y el profesionalismo”.

“Ante el incremento de la violencia política por razones de género que se ha dado como una reacción a la mayor participación política de las mujeres y también como consecuencia del confinamiento instruido con motivo de la pandemia, elevar el contexto de exigencia en plano de la paridad, debe de ser uno de nuestros propósitos durante el proceso electoral que está iniciando”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

La consejera Adriana Favela refirió que estos lineamientos tienen sustento legal desde el Artículo 1° de la Constitución que obliga a las instituciones del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, obligación que es también de los partidos políticos.

Durante la sesión, la totalidad de partidos políticos nacionales se pronunciaron a favor de estos lineamientos, los cuales se comprometieron a seguir y apropiar.