Por Ramón Aguilar Fernández
La política agraria del gobierno de México, es un arte de equilibrios, de pesos y contrapesos. Pero cuando la balanza se inclina descaradamente hacia el lado del privilegio y la opacidad, el tejido social se desgarra y la paciencia del pueblo sabio, esa que muchos creen infinita, comienza a agotarse. Y eso, precisamente, es lo que está ocurriendo en el Registro Agrario Nacional (RAN) en Quintana Roo, bajo la batuta de Enrique Pérez Gómez.
Desde su llegada, allá por noviembre de 2025, del Campechano, Enrique Pérez Gómez prometió modernización y combate a la corrupción. Palabras huecas, dirán hoy los comisariados ejidales, que ven cómo la institución que debería darles certeza jurídica se ha convertido en un laberinto de omisiones y, peor aún, de favoritismos descarados.
La justificación oficial es tan vieja como la burocracia misma: “el sistema no funciona”, “hay fallas a nivel nacional”. Excusa perfecta para que decenas de ejidos, especialmente los de la zona sur, lleven más de un año con sus actas de asamblea en el limbo. Un año de parálisis legal, de imposibilidad para acceder a programas, como el tramite de concesiones de pozo en la cna, a créditos, Y es mínima la gestión que les permita avanzar.
Un año de indefensión que, para muchos, es sinónimo de agonía.
Pero la cosa es la política, y en la política, siempre hay un “pero”. Porque mientras el sistema está “caído” para la mayoría, hay un “lado oscuro” en el RAN donde los engranajes giran a la perfección. Me refiero, por supuesto, a ese esquema de privilegios, que tanto criticó el expresidente Andrés Manuel López Obradors que permite que actas de asamblea con “recursos” o intereses de desarrolladores privados, esas que colindan con cuerpos lagunares de ensueño, con las codiciadas playas del Caribe o con las zonas de explosivo crecimiento urbano, se tramiten con una celeridad asombrosa. ¿Coincidencia? No lo creo. Los rumores, que ya son a voces, apuntan a que estas “gestiones exprés” son supervisadas, dicen, personalmente por el encargado del despacho.
Es la vieja historia, pero con un nuevo rostro. La tierra, el bien más preciado para nuestros ejidatarios, se convierte en moneda de cambio. La certeza jurídica, en un privilegio para unos cuantos. Y la promesa de un RAN transparente, en una burla para quienes dependen de él para su subsistencia.
La olla de presión está a punto de estallar. Este miércoles, la paciencia se transformará en acción. Una movilización campesina masiva se dirige a la delegación del RAN en Chetumal. Ejidos de Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, hartos de la negligencia y la corrupción selectiva, van con un objetivo claro: sacar a Enrique Pérez Gómez de sus oficinas. Y no es para menos. Cuando la institución se convierte en obstáculo y no en facilitar, la gente busca sus propias soluciones.
La política, mis amigos, es también el arte de escuchar. Y hoy, el campo quintanarroense está gritando. Ignorarlos sería un error que este gobierno, y el propio RAN, podrían pagar muy caro. Porque la cosa es la política, y en Quintana Roo, la tierra y sus campesinos ya están hasta la madre, de tanta burocracia y omisiones.
