La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra ocho funcionarios y exservidores públicos más, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la dependencia federal, los documentos fueron recibidos el pasado 28 de abril a las 18:00 horas y ya fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de analizar la viabilidad jurídica de las solicitudes conforme al marco legal mexicano. La SRE precisó que actúa como enlace diplomático dentro del proceso de extradición internacional.
Sin embargo, la cancillería subrayó que la documentación enviada por autoridades estadounidenses no cuenta con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas, por lo que será la FGR quien deberá evaluar si existen bases probatorias que permitan avanzar en el procedimiento legal correspondiente.
Este pronunciamiento surge luego de que fiscales de Nueva York y autoridades estadounidenses presentaran acusaciones formales contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico, particularmente relacionados con operaciones del Cártel de Sinaloa.
Aunque la SRE no mencionó nombres de manera directa en su comunicado oficial, diversos reportes nacionales confirmaron que entre los señalados se encuentra el mandatario estatal sinaloense, lo que ha generado una fuerte reacción política tanto en México como en Estados Unidos.
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la información, al considerar que se vulneró la confidencialidad establecida en los mecanismos bilaterales de cooperación judicial.
Desde distintos sectores políticos se espera ahora la postura de la FGR, que deberá definir si existen los elementos legales suficientes para proceder con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, en uno de los casos más delicados en materia de cooperación internacional y combate al crimen organizado en los últimos años.
