La salida de personal relacionado con la anterior presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una etapa de revisión administrativa y jurídica dentro del organismo, que ahora analiza si corresponde informar a las autoridades sobre posibles irregularidades vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei. Hasta el 28 de octubre, las renuncias sumaban 15, mientras la nueva conducción busca asegurar la continuidad institucional y el resguardo de la documentación.
Blanca Yassahara Cruz García, quien asumió la presidencia interina del instituto, informó que el Consejo General acordó implementar un mecanismo especial para preservar los archivos, mantener en funcionamiento las áreas del INE y facilitar la información que requieran las instancias fiscalizadoras.
Entre las personas que dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien ocupaba la jefatura de oficina de Taddei. Según lo reportado, 12 renuncias se presentaron durante las últimas horas, con lo que aumentó a 15 el número de salidas de personal identificado como cercano a la expresidenta.
La revisión no se limitará a formalizar las bajas. Antes de procesar los finiquitos, el instituto solicitará al Órgano Interno de Control (OIC) información sobre posibles investigaciones abiertas o procedimientos de responsabilidad administrativa contra las personas involucradas. La intención es determinar si existe algún impedimento legal para concluir sus trámites laborales.
Cruz García aclaró que el INE no es la instancia responsable de conducir las investigaciones de fiscalización relacionadas con la administración anterior. Esa tarea corresponde a las autoridades competentes, entre ellas el OIC y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que podrán determinar el alcance de las indagatorias conforme a sus atribuciones.
Aun así, la institución analiza si tiene la obligación jurídica de presentar vistas ante las autoridades cuando detecte elementos que ameriten una investigación. La presidenta interina señaló que la decisión dependerá de un examen de las facultades legales del organismo, por lo que la posibilidad de emprender nuevas acciones todavía no representa una denuncia formal confirmada.
El protocolo aprobado también pretende evitar que las renuncias afecten las labores sustantivas del instituto y establecer una distinción entre el personal de confianza sujeto a revisión y los trabajadores operativos con mayor antigüedad. En tanto el Consejo General define los nombramientos definitivos, la Secretaría Ejecutiva permanecerá bajo una conducción temporal acordada de manera colegiada.
Los hechos ocurren en medio de señalamientos sobre una presunta red de corrupción relacionada con proveedores durante la gestión de Taddei. La existencia de esas acusaciones no determina por sí misma responsabilidades, que deberán acreditarse a través de las investigaciones y los procedimientos correspondientes.
En paralelo, la Cámara de Diputados prepara la renovación de la presidencia del organismo electoral. Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, estimó que la convocatoria podría aprobarse el próximo miércoles y que la designación se concretaría entre el 6 y el 7 de diciembre.
El proyecto, distribuido entre los grupos parlamentarios para recibir observaciones, estaría dirigido exclusivamente a mujeres. El proceso incluiría la revisión de antecedentes académicos y trayectoria profesional, la evaluación de trabajos técnicos e investigaciones, así como exámenes de conocimientos.
Con la revisión de las renuncias y el próximo relevo en la presidencia, el INE enfrenta el reto de mantener su operación mientras se aclara si existen elementos que deban ser remitidos a las autoridades competentes. La definición de responsabilidades dependerá de los resultados de las revisiones y de las decisiones que adopten las instancias facultadas para investigar.
