Ex trabajadoras lo acusan de desacato judicial y de incumplir acuerdos de Cabildo; el Congreso del Estado recibe la denuncia ciudadana presentada en Mérida
Mérida, Yucatán, 4 de noviembre de 2025.- Tres ex trabajadoras del Ayuntamiento de Ucú interpusieron una denuncia ciudadana ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Yucatán, solicitando juicio político contra el presidente municipal, a quien acusan de desacato judicial, incumplimiento de acuerdos de Cabildo y daño al patrimonio público.
Las denunciantes, Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké, representadas por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado, aseguraron que fueron despedidas injustificadamente y que el edil se ha negado a acatar un laudo emitido desde diciembre de 2021 por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, que ordenaba el pago de $253,040.83 pesos a cada una, sumando un total de $759,120 pesos.
A pesar de que el Tribunal concedió un plazo de quince días para cumplir con la resolución, el alcalde ignoró la orden judicial, lo que ocasionó que el monto aumentara hasta $1,425,840 pesos, de acuerdo con los últimos acuerdos judiciales.
De igual manera, las promoventes señalaron que el Cabildo de Ucú aprobó en sesión del 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para liquidar la deuda, pero el presidente municipal no gestionó el trámite ni cumplió el mandato del órgano colegiado.
En la denuncia se acusa al edil de haber intentado simular el cumplimiento del acuerdo, mediante oficios carentes de sellos y firmas de recepción de las dependencias a las que supuestamente fueron dirigidos, como el Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso local, lo que podría constituir falsificación documental y fraude procesal.
El documento señala que esta omisión ha provocado un daño directo al erario municipal, duplicando el monto original del laudo y afectando la solvencia del Ayuntamiento.
“Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el escrito presentado ante el Congreso.
Las ciudadanas solicitaron al Poder Legislativo determinar la procedencia del juicio político por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial.
La denuncia fue recibida este martes y será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis. Las promoventes expresaron su confianza en que el Congreso actúe con imparcialidad y firmeza, defendiendo la legalidad y la dignidad de las personas afectadas.
“Confiamos en que prevalezca la verdad y la justicia”, concluyeron.
