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“CFE y PEMEX Regresan al Pueblo: claudia Sheinbaum Firma Leyes Secundarias que Revocan la Reforma Energética de 2013”

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El 29 de enero de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un paquete de leyes secundarias para la reforma constitucional en materia energética. Estas leyes revierten las modificaciones implementadas en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que fortalece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado. Esto les permitirá operar con mayor eficiencia y transparencia, alineadas al principio de la Austeridad Republicana.

“Es una reversión de la reforma de 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. Incluso es una reversión de reformas a las leyes secundarias de 1992; se recupera el carácter público de la CFE y Pemex, como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y de la soberanía nacional. Se mantiene una participación privada en la producción, pero las empresas públicas se fortalecen”, explicó la presidenta en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Sheinbaum destacó que estas reformas también permitirán cumplir con el Plan México, garantizando mayor disponibilidad de energía y estableciendo mecanismos claros de financiamiento público y participación privada. En el marco de estas reformas, se incluyen seis leyes principales:

  • Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos
  • Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad
  • Ley de Planeación y Transición Energética
  • Ley del Sector Eléctrico
  • Ley del Sector Hidrocarburos
  • Ley de la Comisión Nacional de Energía

Además, se armonizan cinco leyes adicionales:

  • Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
  • Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
  • Ley de Biocombustibles
  • Ley de Geotermia
  • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La reforma constitucional en materia energética otorga a la CFE y a Pemex un carácter de propiedad pública, estableciendo que no se consideren “monopólicas”, ya que cumplen una función social esencial en la provisión de servicios públicos estratégicos. “Es una reforma muy profunda, que asegura la viabilidad futura del país, del pueblo de México y garantiza la justicia energética”, afirmó Sheinbaum.

Se detalló que el Plan de Inversiones para la CFE contempla una inversión de 23,400 millones de dólares hasta 2030, con 12,300 millones de dólares destinados a la generación de 13,000 megawatts, 7,500 millones para transmisión y 3,600 millones para distribución de electricidad.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, subrayó que el paquete de reformas es fundamental para consolidar la soberanía energética del país, destacando la justicia social como un elemento clave. En este sentido, la Ley de Planeación y Transición Energética introduce el concepto de “justicia energética” y simplifica los instrumentos de planeación, reduciendo de 15 a 6 los principales planes y programas sectoriales.

Además, las reformas incluyen la eliminación de subsidiarias y filiales innecesarias en Pemex y CFE, lo que permitirá una mayor integración horizontal y vertical de ambas empresas, mejorando su operación y eficiencia.

En cuanto al Sector Eléctrico, se establece que la CFE mantendrá el 54% de la generación eléctrica del país y se definen seis esquemas para la participación privada. En lo relativo a Pemex, se otorgan nuevas facultades para la exploración y extracción de hidrocarburos, y se incorpora un régimen fiscal orientado al bienestar y la recuperación de la industria petroquímica nacional.

Finalmente, la creación de la Comisión Nacional de Energía, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, permitirá regular el otorgamiento de permisos, el establecimiento de tarifas y la vigilancia del mercado eléctrico mayorista, así como el seguimiento de la cadena productiva de gas natural y petrolíferos.

Durante la conferencia, estuvieron presentes el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; la directora de CFE, Emilia Calleja Alor; y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos.

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