Se trata de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que dependa del INE 

● Los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de los aspirantes a candidatos y la Comisión consultará a la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR, instancias que analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable” 

● Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura 

● De encontrar información relevante las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

 “Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”. La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.  

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE. Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.  

Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. 

La Comisión consulta a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. 

Posteriormente la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo, con base en ello los partidos políticos n responsables de determinar si registran o no la candidatura; sin embargo, de encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.

Detalló que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.

 Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.  

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma electoral que busca impedir que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos públicos durante los próximos procesos electorales.

La propuesta contempla modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral y tendría como principal función revisar perfiles de aspirantes postulados por partidos políticos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo es fortalecer la integridad de las elecciones y evitar que estructuras criminales logren infiltrarse en espacios de representación política.

Sheinbaum señaló que la reforma ha sido trabajada desde hace tiempo y afirmó que su administración decidió enviarla de inmediato para que pueda ser considerada rumbo al proceso electoral de 2027.

La iniciativa establece que los partidos políticos podrán entregar voluntariamente a la comisión los nombres de sus aspirantes a candidaturas para que sean evaluados mediante consultas realizadas a distintas instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

Entre las dependencias contempladas se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la explicación de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años.

El procedimiento contempla que las instituciones consultadas determinen si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Posteriormente, la comisión comunicaría los resultados a los partidos políticos, quienes finalmente decidirían si mantienen o retiran las candidaturas.

El gobierno federal aclaró que la propuesta se apega al principio constitucional de presunción de inocencia y subrayó que las autoridades no bloquearán candidaturas de manera directa. Sin embargo, en caso de encontrar información relevante, las instituciones correspondientes podrán continuar investigaciones y presentar denuncias conforme a sus facultades legales.

Además, quienes busquen contender por cargos públicos deberán manifestar obligatoriamente su consentimiento para ser evaluados por la comisión como requisito previo a cualquier postulación partidista.

La iniciativa también establece que toda la información derivada de las evaluaciones será tratada bajo estrictos criterios de confidencialidad y reserva, con el objetivo de no afectar investigaciones en curso ni vulnerar el debido proceso.

El anuncio ocurre en un contexto marcado por diversos casos recientes de autoridades municipales investigadas o detenidas por presuntos nexos con organizaciones criminales, situación que ha intensificado el debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y estructuras de gobierno local.

La legisladora Mariela Gutiérrez Escalante aseguró ante el Senado no poseer inmuebles ni vehículos; investigación revela que tiene millonaria propiedad.

La organización señaló que posteriormente un grupo de entre 30 y 40

 personas rodeó el vehículo de los reporteros e intentó intimidarlos

 mientras acudían ante la Fiscalía Regional de Tecámac para presentar

 la denuncia correspondiente.

Vía y más información en: https://politico.mx/2026/05/21/exhiben-a-senadora-de-morena-mariela-gutierrez-oculto-mansion-de-36-mdp-en-tecamac/?utm_source=webpush