La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, en su carácter de órgano de consulta y colaboración de los tres niveles de gobierno, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 en sus fracciones I, II, IX y XII de sus estatutos, expresa su preocupación ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, actualmente en discusión.

Reconocemos que la iniciativa contiene aspectos positivos que, de implementarse adecuadamente, podrían fortalecer la certeza jurídica de los justiciables, agilizar la impartición de justicia en nuestro país, facilitar la comprensión de las resoluciones y hacer más accesible la consulta de los procesos; sin embargo, consideramos que, en su estado actual, la iniciativa presenta riesgos significativos que podrían impactar negativamente a sectores clave de la economía nacional, como lo son el comercio, los servicios y el turismo, motores generadores de economía y empleo a nivel nacional.

Las principales preocupaciones son que:

• Al restringir el recurso de revocación y el juicio contencioso-administrativo para créditos fiscales firmes, podría acelerar el cobro de créditos fiscales en favor de la autoridad, obligando a las empresas a recurrir al amparo, únicamente en su etapa de ejecución, dejándolas en estado de indefensión durante el proceso.

• La restricción de limitar el alcance de un amparo únicamente a la parte que lo presenta (negar el amparo colectivo), vuelve el proceso ineficiente, debido a que, al presentar un amparo colectivo la resolución tiene efectos generales, mientras que en el amparo individual solo beneficia al quejoso.

• La inmovilización de empresas que dependen de autorizaciones o permisos específicos podrían ver suspendidas sus actividades de manera inmediata durante procesos judiciales, sin posibilidad de mantener operaciones mientras se resuelve el fondo del asunto.
• La limitación del uso de las cuentas bancarias bajo sospecha de recursos de procedencia ilícita, afectará de forma crítica la operatividad y funcionalidad de las empresas durante el tiempo que tarde la comprobación de su legal
• No establece un medio idóneo para demostrar la imposibilidad jurídica por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias, generando un ambiente de desconfianza debido a la arbitrariedad de los requerimientos.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que:

• No se apruebe la iniciativa en su estado
• Se abran mesas de diálogo con representantes de los sectores comercio, servicios y turismo, a fin de analizar a fondo los posibles impactos y proponer ajustes que equilibren la eficiencia administrativa con la protección de los derechos de los contribuyentes y empresarios.

Estamos convencidos de que, mediante el trabajo conjunto entre el Legislativo y los sectores del Comercio, Servicios y Turismo a través de la representación de nuestra Institución, es posible construir una reforma que fortalezca la justicia administrativa y fiscal sin afectar la operatividad y competitividad de las empresas en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la detención de Sandra “T”, socia propietaria de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, relacionada con el incendio que cobró la vida de varios niños. La imputada enfrentará los delitos de homicidio y lesiones culposas conforme a la sentencia dictada en su contra.

La orden de aprehensión fue ejecutada en Nogales, Sonora, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Posteriormente, Sandra “T” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, a disposición del juez de la causa.

La mujer había permanecido prófuga en Estados Unidos, pero tras gestiones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, fue deportada de manera controlada por la garita Dennis DeConcini, en Nogales.

Este paso marca un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas del trágico incendio de la guardería ABC, ocurrido hace varios años, que dejó un dolor profundo en Hermosillo y todo México.