El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha los trabajos mediante una ceremonia realizada en su sede, acto que tuvo como participantes a consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. El inicio también se replicó en las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales del organismo.
La contienda federal tendrá como uno de sus principales componentes la renovación de las 500 diputaciones del Congreso de la Unión. A este ejercicio se sumarán elecciones locales en todo el país, configurando un proceso de amplia dimensión territorial.
Uno de los principales puntos de la jornada será la elección de gubernaturas en 17 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
La renovación de los poderes locales también abarcará los congresos estatales. De acuerdo con la información presentada por el INE, 31 entidades tendrán elecciones para integrar una nueva legislatura local, mientras que Coahuila quedará fuera de este componente debido a que realizó esos comicios durante el año en curso.
El mapa electoral contempla además la renovación de alcaldías o presidencias municipales en 30 estados. Veracruz y Durango serán las excepciones en este rubro, por lo que no elegirán autoridades municipales durante esta jornada.
Frente a las dimensiones del proceso, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, señaló que la organización requerirá planeación, capacidad técnica, coordinación entre instituciones y experiencia acumulada. La funcionaria afirmó que el organismo cuenta con procedimientos y personal especializado para asumir la responsabilidad.
La organización no recaerá únicamente en el INE. El desarrollo de los comicios implicará la intervención de los Organismos Públicos Locales Electorales, responsables de los procesos en cada entidad, así como de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver controversias y proteger los derechos político-electorales.
A este entramado se sumarán las fiscalías especializadas, cuya responsabilidad será investigar y perseguir los delitos electorales dentro del ámbito que les corresponde.
Con el arranque formal del proceso, comienza una ruta electoral que involucrará prácticamente a todo el país y que pondrá a prueba la coordinación entre las instituciones encargadas de organizar, vigilar y resolver las distintas etapas de los comicios de 2026-2027.
