Lima.— El gobierno de Perú publicó un decreto mediante el cual encuadra oficialmente la identidad transgénero como una condición de salud mental, con fines administrativos y médicos. La medida provocó una reacción inmediata de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+, que advirtieron sobre los riesgos de estigmatización y un posible retroceso en el reconocimiento de derechos.
De acuerdo con activistas y especialistas, clasificar una identidad como patología no es un acto neutral, ya que influye directamente en la forma en que la sociedad percibe y trata a las personas. Señalan que, cuando algo es definido como “enfermedad”, se abre la puerta a prácticas de control, corrección o exclusión, en lugar de promover enfoques basados en el respeto, la escucha y la comprensión.
Desde el ámbito psicológico y social, diversos expertos han advertido que los rótulos asociados a la salud mental suelen cargar juicios morales, más allá de criterios estrictamente clínicos. Estos marcos conceptuales, señalan, influyen en quién recibe empatía institucional, quién es considerado legítimo ante el Estado y quién puede ser visto como “anómalo” o “defectuoso” en el imaginario colectivo.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos subrayaron que la decisión gubernamental trasciende lo administrativo, al tocar aspectos fundamentales de la dignidad y la identidad personal. Para estos grupos, el debate no se limita a una política pública, sino a la pregunta de quién tiene derecho a existir sin diagnósticos, justificaciones ni permisos del Estado.
Hasta el momento, el gobierno peruano no ha emitido una aclaración adicional ante las críticas, mientras el decreto continúa generando debate nacional e internacional sobre sus implicaciones legales, sociales y en materia de derechos humanos.
