Oaxaca.— El descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado en la comunidad de Nizanda, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y al menos 98 lesionadas, de acuerdo con reportes oficiales. Pese a la magnitud de la tragedia, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, se refirió al hecho como un “evento ferroviario”, denominación que ha generado críticas y cuestionamientos.
Según la información difundida por las autoridades, el convoy transportaba 250 personas, de las cuales 241 eran pasajeros y nueve tripulantes. La Secretaría de Marina confirmó que 36 personas permanecen hospitalizadas, algunas con lesiones de gravedad, mientras continúan las labores de atención médica y las investigaciones técnicas para determinar las causas del accidente.
El siniestro ocurrió en el estado de Oaxaca, dentro de uno de los proyectos considerados estratégicos del actual sexenio. Sin embargo, la gravedad de los hechos contrasta con el lenguaje oficial utilizado, que evita referirse al suceso como un descarrilamiento, pese a que dejó víctimas mortales y decenas de heridos.
En este contexto, han resurgido declaraciones previas que hoy adquieren relevancia política. Pedro Salazar Beltrán, identificado como primo y cercano al círculo de amistades de los hijos del presidente, advirtió tiempo atrás: “Ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo”.
Salazar Beltrán, junto con Amílcar Olán, ha señalado públicamente la existencia de presuntos actos de corrupción dentro del proyecto del Tren Interoceánico. De acuerdo con sus declaraciones, existirían supuestos “moches” en los procesos de supervisión, al afirmar que “cada 3 mil metros hay que pasarle su mochada al laboratorio para que autoricen y den el palomazo de que todo está bien”, lo que apunta a posibles fallas deliberadas en la certificación de la obra.
Mientras la tragedia deja víctimas mortales, heridos y familias afectadas de manera irreversible, el discurso oficial ha sido señalado por centrarse en el control de la narrativa pública. Para diversos sectores, calificar como “evento ferroviario” un descarrilamiento con 13 personas fallecidas no solo minimiza lo ocurrido, sino que mantiene abiertas las dudas sobre seguridad, corrupción y rendición de cuentas en uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal.
