La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un proceso de revisión sobre la administración que encabezó, mientras el organismo suma 15 renuncias de funcionarios y analiza si existen elementos que deban ponerse en conocimiento de las autoridades fiscalizadoras.
La presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz García, informó que 12 colaboradores adscritos a la oficina de la Presidencia presentaron su renuncia voluntaria. Estas bajas se agregan a otras tres registradas previamente, entre ellas la de Carlos Daniel Luna Rosas, quien ocupaba la jefatura de esa oficina.
En paralelo, el Consejo General del INE estudia si corresponde dar vista al Órgano Interno de Control (OIC), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) u otras instancias competentes para que revisen posibles anomalías ocurridas durante la gestión anterior y determinen si existen responsabilidades administrativas o legales.
Cruz García precisó que el Consejo General no tiene atribuciones para realizar directamente labores de fiscalización, aunque sí puede comunicar a las autoridades correspondientes hechos que consideren susceptibles de investigación. Como parte de este proceso, también se solicitará información al OIC sobre posibles procedimientos abiertos contra quienes dejaron sus cargos.
Este último punto podría tener consecuencias en la liquidación de los exfuncionarios, debido a que la existencia de investigaciones o procedimientos pendientes podría incidir en el pago de sus finiquitos, de acuerdo con la información difundida.
La revisión no se limita a los colaboradores cercanos a la Presidencia. También contempla a funcionarios de nivel directivo, titulares de unidades técnicas y coordinaciones, por lo que el organismo no descarta que se produzcan más renuncias en los próximos días.
Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre. Su salida dio paso a una nueva etapa institucional, ahora bajo la conducción provisional de Cruz García, en la que se revisará la actuación de la administración saliente y la eventual existencia de irregularidades.
Hasta ahora, el análisis de posibles anomalías y la revisión de los movimientos de personal no constituyen una determinación de responsabilidad contra Taddei ni contra los funcionarios que dejaron sus puestos. Cualquier señalamiento deberá sustentarse en investigaciones formales y resoluciones de las autoridades competentes.
