A casi dos semanas de la entrada en vigor de la restricción al uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica, los planteles han comenzado a aplicar la medida de manera متفاوتe. En algunos centros se prohíbe que los alumnos ingresen con dispositivos; en otros, sí pueden llevarlos, pero deben permanecer resguardados durante la jornada escolar.
La falta de un criterio único ha abierto conversaciones entre directivos y familias, que buscan acuerdos prácticos para cumplir con la norma sin afectar la comunicación en situaciones necesarias ni ignorar necesidades particulares de los estudiantes.
Soluciones provisionales en distintos planteles
En una primaria pública, por ejemplo, se decidió que ningún alumno lleve teléfono desde el 1 de noviembre. Para algunas familias, esa disposición no implicó cambios mayores, sobre todo cuando los menores no acostumbraban usar dispositivos dentro de la escuela.
En cambio, en una secundaria pública la escuela optó por una medida intermedia: los estudiantes entregan sus celulares al inicio de clases y los recuperan al término de la jornada. Ese esquema, sin embargo, sigue en revisión y será discutido con madres y padres en una reunión programada para el 25 de noviembre. Ahí se definirá si continúa el resguardo temporal o si la prohibición de ingreso se vuelve total.
Otro caso muestra un enfoque similar, aunque con matices. En una secundaria, las autoridades informaron desde el arranque del ciclo escolar que los alumnos no podrían usar celulares dentro del plantel. Además, aclararon que, si las familias permitían que los estudiantes los llevaran, serían responsables de cualquier pérdida o extravío.
Qué dice la SEP sobre la medida
La regulación federal establece un marco general, pero deja margen para que cada comunidad escolar acuerde cómo aplicarla. El Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria debe restringirse el uso de celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar. La disposición comenzó a aplicarse el 3 de noviembre de 2026.
El acuerdo no obliga necesariamente a que todos los estudiantes tengan prohibido ingresar con un teléfono. También prevé que puedan dejarlo en casa o conservarlo apagado o guardado durante el horario escolar. Además, reconoce excepciones para actividades educativas planificadas por docentes, emergencias personales y necesidades asociadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, así como otras circunstancias extraordinarias que determinen las comunidades educativas.
Una medida que todavía se ajusta en las escuelas
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha señalado que el objetivo es fomentar una relación responsable con la tecnología y favorecer el aprendizaje, sin centrar la aplicación de la regla en la vigilancia o el castigo.
En la práctica, el resguardo temporal de los dispositivos se ha convertido en una alternativa para algunos planteles. No obstante, su funcionamiento y la responsabilidad sobre la conservación de los teléfonos todavía se discuten con las familias. Por ahora, los primeros testimonios muestran que la aplicación de la medida no es uniforme y que cada escuela avanza con sus propios acuerdos mientras intenta equilibrar disciplina, seguridad y comunicación con el alumnado.
