sábado, mayo 30, 2026
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El diputado Alberto Batún presenta iniciativa para ampliar el plazo de regularización de concesiones

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El diputado Alberto Batún presentó una iniciativa de ley para extender el plazo de regularización de concesiones en casos de incapacidad, ausencia o fallecimiento del titular, pasando de 120 días a un año. Durante este periodo de 365 días, los descendientes del titular podrán continuar brindando el servicio sin ningún inconveniente.

La reforma al artículo 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo amplía el plazo de regularización de 120 a 365 días, lo que otorga a los beneficiarios un año completo para completar los trámites administrativos necesarios y garantizar que la concesión se mantenga válida y operativa.

Alberto Batún, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso local, explicó que esta medida responde a la necesidad de ofrecer mayor flexibilidad a los beneficiarios en situaciones inesperadas que puedan dificultar el cumplimiento de los plazos administrativos. En ocasiones, el plazo de 120 días resultaba insuficiente para reunir toda la documentación requerida y cumplir con los requisitos legales para seguir operando la concesión.

La reforma busca proteger a los beneficiarios de situaciones imprevistas, como enfermedades graves, fallecimientos o ausencias prolongadas, que podrían haber puesto en riesgo la regularización. Sin este cambio legislativo, los beneficiarios se exponían a perder la concesión debido a su incapacidad para completar el proceso administrativo en el plazo original.

Esta propuesta no solo beneficia a los concesionarios, sino que también impacta positivamente a los usuarios de los servicios, al garantizar la continuidad de los mismos sin interrupciones. Además, promueve una mayor estabilidad en el sistema de concesiones del estado y permite que los beneficiarios se ajusten a las normativas sin el riesgo de perder su derecho a operar.

El cambio en la legislación refleja el compromiso del gobierno de Quintana Roo con la estabilidad y sostenibilidad del sector de movilidad, asegurando que los beneficiarios puedan operar con confianza, protegiendo tanto los derechos de los concesionarios como de los usuarios.

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