La autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas no pueden quedarse en papel.
Las autoridades tienen la obligación de dar respuestas claras y oportunas, sin retrasos injustificados y dentro del marco constitucional.
Hoy, en la Suprema Corte la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó el proyecto de Amparo en Revisión 7/2026, donde se analizó el caso de la comunidad nahua de Alpuyeca, en Morelos, y su proceso para constituirse como municipio indígena. 
*El caso*.
En 2012, Alpuyeca fue reconocida como comunidad indígena e incorporada al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Morelos. Años después, el 5 de diciembre de 2019, su Asamblea General aprobó la iniciativa para constituirse como municipio indígena y nombró un Consejo Promotor para presentarla ante el Congreso estatal.
Aunque comenzaron los trabajos para analizar la propuesta, fue hasta noviembre de 2023 cuando el Congreso señaló por primera vez la necesidad de realizar una consulta previa. Posteriormente, en febrero de 2024, el mismo Congreso aprobó un acuerdo que modificó la ruta institucional prevista para llevarla a cabo.
Integrantes de la comunidad promovieron un amparo al considerar que ese acuerdo retrasaba injustificadamente el proceso de municipalización y vulneraba sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno.
*La resolución*.
Por mayoría, el Pleno aprobó el proyecto: se concedió el amparo a la comunidad indígena de Alpuyeca y se modificó la sentencia recurrida.
Se ordenó al Congreso de Morelos que, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, concluya el procedimiento iniciado en diciembre de 2019 y emita una decisión definitiva, debidamente fundada y motivada, sobre la creación del municipio indígena de Alpuyeca.
Se determinó que no era necesario realizar una nueva consulta a la propia comunidad, porque la iniciativa para constituirse como municipio surgió de una decisión autónoma de su Asamblea General, adoptada a través de sus instituciones representativas. Exigirle otra consulta sobre una decisión que ella misma tomó habría convertido ese mecanismo en un obstáculo y una nueva forma de retrasar el ejercicio de su derecho a la libre determinación.
Tampoco se considera necesaria una consulta a las comunidades aledañas, pues no se acreditó que la medida generara un impacto diferenciado en ellas. Además, la legislación local ya contempla salvaguardas para proteger sus derechos y las constancias del expediente mostraron que las comunidades de la región apoyaban la iniciativa.
También se advirtió que el Congreso excedió un plazo constitucionalmente razonable para atender la petición de Alpuyeca. Por ello, establecimos que el Congreso no podrá prolongar nuevamente el procedimiento mediante trámites o etapas adicionales que no tengan sustento en el marco constitucional y legal aplicable.
Esto no significa que la Suprema Corte haya ordenado crear el municipio. La decisión final sobre la creación del municipio corresponde al Congreso, que deberá verificar si se cumplen los requisitos constitucionales y legales, pero debe hacerlo desde una perspectiva intercultural y respetando los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de la comunidad.
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