Revisan adjudicaciones del INE por 7 mil millones de pesos; señalan a Edmundo Jacobo por cambios en reglamentos
Por: Inés Arroyo
El otorgamiento de contratos por 7 mil 37 millones de pesos sin licitación abierta y las atribuciones concedidas a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) forman parte de los señalamientos sobre el sistema de adquisiciones utilizado por el organismo entre 2008 y 2023. En ese contexto, un reportaje publicado el 12 de noviembre coloca bajo escrutinio la intervención de Edmundo Jacobo Molina en la elaboración y modificación de las reglas administrativas.
La investigación periodística refiere que durante ese periodo casi 80 por ciento de los contratos se asignó mediante procedimientos distintos a la licitación abierta. El monto señalado se desprende de un presupuesto global superior a 211 mil 734 millones de pesos y constituye uno de los principales elementos para examinar cómo se ejercieron los recursos destinados a las compras y servicios del instituto.
Uno de los aspectos cuestionados es la modificación de los reglamentos de adquisiciones en 2009 y 2020. La primera tuvo lugar durante la presidencia de Leonardo Valdés Zurita en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que la segunda ocurrió bajo la conducción de Lorenzo Córdova en el INE. Según la documentación referida por el reportaje, Jacobo Molina intervino en el diseño, aplicación y reforma de estas disposiciones desde la Secretaría Ejecutiva.
El punto central de los señalamientos radica en las facultades que habrían otorgado las normas a esa área administrativa. De acuerdo con la publicación, el secretario ejecutivo podía dictaminar determinadas adjudicaciones directas sin que los procedimientos fueran presentados ante el Comité de Adquisiciones, lo que plantea interrogantes sobre los controles aplicados para garantizar la transparencia y competencia entre proveedores.
La revisión también pone atención en la identidad de algunas empresas contratadas. Entre los nombres mencionados aparecen compañías relacionadas con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, hermanos que, según el reportaje, estarían vinculados con proveedores favorecidos por el esquema de adquisiciones. No obstante, la información disponible no demuestra que las contrataciones hayan constituido actos ilegales ni establece responsabilidades de las personas involucradas.
Las disposiciones cuestionadas no fueron únicamente materia de decisión de la Secretaría Ejecutiva. Los antecedentes institucionales citados indican que los reglamentos recibieron la aprobación del Consejo General, además de contemplar una estructura de comités y subcomités para participar en los procesos de adquisición. También existían mecanismos para incorporar proveedores al catálogo institucional, con el propósito de atender los requerimientos del organismo nacional y de los institutos electorales locales.
Este marco obliga a revisar tanto las atribuciones de los funcionarios responsables como las decisiones colegiadas que dieron sustento a las reglas. La cuestión de fondo es establecer si los mecanismos de supervisión funcionaron adecuadamente y si las facultades administrativas permitieron que determinados proveedores obtuvieran ventajas en la contratación de bienes y servicios.
Funcionarios cercanos al proceso, citados en la publicación, señalaron que la actuación de Jacobo Molina permanece bajo revisión documental. El análisis pretende determinar si el modelo administrativo en cuya elaboración participó generó condiciones para beneficiar a grupos empresariales específicos. Hasta el momento, el material proporcionado no refiere una resolución definitiva que acredite irregularidades o responsabilidades en su contra.
Tras su trayectoria en el organismo electoral, Jacobo Molina ocupa actualmente la titularidad del Centro de Formación y Profesionalización Política del partido Somos. Los cuestionamientos sobre las contrataciones del INE vuelven a poner atención en el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva durante los años analizados y en los mecanismos institucionales utilizados para vigilar el destino de los recursos públicos.
El esclarecimiento de los señalamientos requiere conocer los expedientes de contratación, las justificaciones de las adjudicaciones directas y las intervenciones de cada instancia responsable. Estos elementos permitirán determinar si las decisiones se ajustaron a las disposiciones vigentes y si existieron beneficios indebidos para alguno de los proveedores mencionados.
