Morena y sus aliados han aprobado la ley que permitirá someter a votación popular la elección de los jueces en México. La reforma al Poder Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que según críticos busca designar a jueces a medida, ha sido respaldada por las fracciones parlamentarias de Morena, el partido en el poder, así como por sus aliados del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados.
Este tipo de designaciones, sin embargo, ha sido cuestionado por favorecer principalmente a la élite y no al pueblo. Un ejemplo de esto ocurrió en Quintana Roo, donde los diputados de la XVIII Legislatura nombraron a Heyden Cebada, un notario público acusado de corrupción, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
A pesar de no contar con experiencia en derecho penal, su nombramiento ha sido vinculado con la liberación de varios acusados de violación de menores, a pesar de las pruebas en su contra. Esta situación ha exacerbado las crisis de seguridad en el estado.
Tanto la ex alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, como el padre de Cebada enfrentan denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de este último. La sociedad civil también ha criticado la inclusión de Cebada en la terna para magistrado, señalando su falta de idoneidad y acusaciones de corrupción.
Los defensores de la reforma argumentan que no busca vengarse de los ministros de la Corte por decisiones adversas al Gobierno y aseguran que la judicatura mantendrá su independencia. Sin embargo, durante la discusión legislativa, el bloque de Morena-PT-PVEM proclamó la aprobación de la reforma con entusiasmo.
