#UAEH. 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒐𝒔𝒂 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼 por delincuencia organizada y lavado; 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐧𝐢𝐞𝐠𝐚 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨

Gerardo Sosa Castelán, exdiputado federal, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), enfrentará ante un Tribunal de Enjuiciamiento los cargos por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

La justicia federal no le concedió el último recurso, de la última instancia, con el que buscaba evitar el juicio.

En sesión virtual ordinaria del 1 de octubre, el Tercer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito validó la ponencia a cargo de la magistrada Amelia del Carmen Fernández Barquín respecto al amparo en revisión 17/2026 presentado por el político hidalguense.

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A través del medio de impugnación, Sosa combatía la sentencia del 21 de noviembre 2025 dictada en el juicio de amparo indirecto 66/2025 por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, misma que ratificaba que el juez de control Gregorio Salazar Hernández había excedido sus facultades al haber sobreseído los cargos en contra del exrector.

Es decir, Gerardo Sosa buscaba que se diera por válida la decisión de Salazar que le había favorecido para librar el juicio, porque lo había dejado libre de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Esa decisión se remonta al 25 de septiembre de 2024, cuando Gregorio Salazar, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, celebró una audiencia en la que sobreseyó parcialmente los delitos imputados a Sosa Castelán, con una serie de criterios que se contrapusieron a su propia decisión de vincularlo a proceso la madrugada del 6 de septiembre de 2020.

Gregorio Salazar fue el mismo juez que consideró que había elementos suficientes para iniciar un juicio formar contra Gerardo Sosa, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de sustraer recursos del erario de la Universidad Autónoma de Hidalgo a través de empresas fachada, Contabilidad del Siglo XXI, la cual envió transferencias bancarias al propio Sosa, sus dos hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto y personas allegadas a su entorno.

Con base en informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera incorporadas a esa causa penal, la 263/2020, en la movilidad y captación del dinero También participó la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo, excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo y exaspirante a la nominación del Movimiento de Regeneración Nacional para la gubernatura de Hidalgo, ahora dirigente estatal del PT.

Asimismo, operaron cuatro despachos contables supuestamente ligados a esta persona: Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.

Previo a desestimar los cargos aquella audiencia del 25 de septiembre de 2024, el juez Salazar Hernández empezó con una afirmación: “no vamos a negar que existe un dinero, que existen unas transferencias o transacciones, eso no se puede, es innegable, ahí está, ahí existe el dinero”.

Sin embargo, después añadió que había “contratos del 10 de enero de 2017 y el diverso 10 de enero de 2018 en donde se habla de un préstamo a favor del señor Sosa por parte de Contabilidad del Siglo XXI”. Incluso el propio juez planteó que esta muestra de, a su consideración, licitud “si bien en su momento no la alegó el señor Sosa”, para luego justificarlo, “porque evidentemente estaba detenido y desconozco si él tenía o no a su disponibilidad esos documentos”.

Gregorio Salazar desestimó sus propios argumentos de la vinculación a proceso y el posterior auto de apertura a juicio oral del 5 de junio de 2023, cuando sostuvo que Sosa y otros posibles integrantes de lo que denominó una organización delictiva “crearon un esquema de lavado de dinero, sustentado en complejas operaciones financieras que tuvieron el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos que operaron”, desde 2011 y, “al menos, hasta 2018”.

El juez había aseverado que Contabilidad del Siglo XXI era una sociedad civil fachada porque “no contaba con infraestructura, personal, mobiliario o instalaciones mínimas indispensables que le permitieran realizar la prestación de servicio alguno, sino que la misma sólo fue constituida –en papel–, con la firme intención de que se operaran recursos en la cuenta bancaria de la misma, para blanquear activos que procedieron de actividades ilícitas”.

No obstante, cuando liberó de los cargos a Sosa le retiró a la firma esa categoría, además de argumentar que Contabilidad del Siglo XXI “ni siquiera está reportada como empresa simuladora de facturera”. Continuó: “se dijo que se utilizó” la compañía antes reconocida por Salazar como fantasma “para ocultar el origen (del dinero) y muchos supuestos que hoy caen por tierra”, como preámbulo para su resolución, con la que Sosa Castelán quedó libre de los cargos.

Sin embargo, el 27 de marzo de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de México, integrado por los magistrados Rodolfo Martínez Abarca (presidente) y Fernando Córdova del Valle, así como la secretaria en funciones de magistrada Bethsabé Canseco Sosa (ponente), determinó dejar sin efecto la decisión de Gregorio Salazar Hernández, al asegurar que se había excedido en sus facultades al valorar supuestas pruebas que no le correspondían, porque el caso ya estaba en otra etapa, con la apertura del juicio oral. Con ello, los cargos subsistieron y el exdiputado federal tendría que enfrentarlos ante un Tribunal de Enjuiciamiento.

Sosa apeló, pero el 21 de noviembre 2025 el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito ratificó que el juez de control había actuado indebidamente al sobreseer los cargos, misma decisión que fue ratificada el pasado 1 de octubre por el Tercer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito.

En esa sesión la magistrada Fernández Barquín argumentó que “la propuesta de este pleno es confirmar la sentencia recurrida, con precisiones, y negar el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso”.

“Esto es así porque se considera correcta la perspectiva de la magistrada de amparo en el sentido de avalar la circunstancia de que el juez de control no tenía facultades, no tenía competencia, para poder decidir sobre esta petición de sobreseimiento, ya que el asunto se encontraba ya en etapa de juicio”, aseveró la magistrada, cuya propuesta fue acompañada por sus pares Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Yolanda Guerrero Vázquez.

“Incluso se llevó a cabo el desahogo de un medio de prueba y posteriormente se decretó este sobreseimiento, careciendo de competencia jurisdiccional el juez de control”, expuso Fernández Barquín.

La prueba a la que la magistrada hizo referencia es la identificada con el número 39. Corresponde al “testimonio a cargo del experto particular” Juan Carlos Villalobos Vázquez, “perito en materia de contabilidad”, que valoró el juez Gregorio Salazar en un momento en el que ya no le correspondía.

Villalobos debía ser presentado ante el Tribunal del Juicio Oral por la defensa y su testimonio se basaría sobre un informe pericial contable emitido “con base en su experticia y tomando en consideración las constancias que obran en la carpeta de investigación, así como de la información, indicios y/o documentación que recabó”.

Ese informe data del 11 de octubre de 2022 y busca acreditar que Sosa Castelán recibió “pagos” mediante una serie de transferencias que la FGR sitúa como parte del supuesto blanqueo de 58 millones 245 mil 948 pesos, producto de “dos contratos” con la empresa que Salazar Hernández, al vincular a proceso, había reconocido como fachada: Contabilidad del Siglo XXI.

“Adicionalmente, se avala también la determinación de que a pesar de que el juez de control consideró que esta cuestión era viable, ya que no había iniciado propiamente la audiencia de juicio, y que con ello evitaría una virtual contaminación del Tribunal de Enjuiciamiento, estas causas no son suficientes para desconocer que ya carecía de competencia porque no estaba a su disposición la persona acusada, como tampoco el asunto estaba ya dentro de esta etapa para poder reconocer dentro de la fase intermedia, ésta ya había concluido”, reiteró la magistrada Fernández Barquín.

Agotada esta etapa, Sosa Castelán deberá enfrentar un juicio por un caso que lo llevó a reclusión en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano 1 año y 5 meses, desde que fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México, hasta su salida el 3 de febrero de 2022, fecha en que el juez Salazar Hernández le otorgó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria debido a que su defensa argumentó un deteriorado estado de salud, requerimiento que fue respaldado por la FGR, ya que el Ministerio Público hizo la solicitud formal para la modificación.

Posteriormente, tuvo otro cambio de medida cautelar en mayo de 2024 que le retiró el resguardo domiciliario y se determinó que continuara su proceso en libertad portando un brazalete electrónico, hasta el sobreseimiento de los cargos.

Seis años y un mes después, el político originario del municipio rural de Acaxochitlán, Hidalgo, quien ha mantenido el control político de la Universidad Autónoma del Estado desde finales de la década de 1970, sabe que debe ir a juicio por las supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos a través de una empresa fachada de la que él directamente recibió 23 millones 567 mil pesos a una cuenta Banorte a su nombre –el resto se distribuyó entre los demás coacusados y miembros del entorno directo de Sosa Castelán, según la FGR–, y por liderar lo que la Fiscalía denominó como una organización delictiva dedicada a sustraer recursos del erario de la UAEH.

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