Tras el anuncio de su salida del Partido Acción Nacional con el fin de buscar la presidencia municipal de Solidaridad, la diputada Cristina Torres Gómez confirmó este martes 16 de febrero, mediante una conferencia de prensa, su adición a la bancada de Morena en la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Desde enero del 2020 la diputada comenzó a tener contacto con MORENA, luego de darse cuenta de que su anterior partido, el PAN, le cerraría las puertas a su candidatura. “Lo más importante es buscar un espacio donde me permitan laborar con ética, responsabilidad, con los principios que traemos como persona con la visión que se tiene para un municipio que requiere mucho compromiso y sobre todo unidad”, sostuvo la aun diputada plurinominal.

Al no ser afiliada a ningún partido político, Cristina Torres tuvo la oportunidad que ofrecen en estos momentos las instituciones políticas para contender como ciudadana e inscribirse en el próximo proceso electoral a celebrarse el 6 de junio, y arropada por los diputados del MORENA, PT Y PVEM, la diputada hizo el anuncio de su llegada a la coalición en conferencia de prensa luego de informar día antes que buscaría contender por la presidencia municipal de Solidaridad, pero no por el PAN.

Mediante la conferencia de prensa la diputada plurinominal renunció al grupo legislativo del PAN, en la XVI Legislatura local uniéndose a la bancada de Morena, en donde estuvo acompañada por los diputados Edgar Gasca, Erika Castillo, Tepy Gutiérrez, Linda Cobos, y Luis Fernando Chávez; y, además, los petistas Ana Pamplona, Hernán Villatoro y Roberto Erales; los verde ecologistas Tyara Schleske y José de la Peña, y el diputado del MAS, José Luis Guillén.

La incorporación de Cristina Torres ha sido nombrada por varios politólogos como una jugada maestra por parte del maestro del ajedrez político, Rafael Estrada Cano, Quién también funge como Secretario Técnico de la Presidencia del CEN de morena y representante propietario ante el Registro Nacional de Electores.

Lo que sin duda sentará las bases para un muy promisorio futuro para morena en el siguiente año electoral, donde se colocarán a un paso del triunfo para la gobernatura y consolidará una bancada por de más representativa en el Congreso.

De esta forma, el grupo legislativo del PAN en la XVI Legislatura pasará de cuatro a tres integrantes, siendo conformado por Lily Campos Miranda, Atenea Gómez Ricalde y Eduardo Martínez Arcila; y Morena nuevamente contará con nueve diputados y diputadas.

A través de un histórico acuerdo firmado por las diputadas y diputados integrantes de la XVI Legislatura junto a las colectivas que conforman la Red Feminista Quintanarroense, se realizó la entrega de las instalaciones del congreso del Estado las cuales permanecían tomadas desde el 27 de noviembre del 2020.

El acuerdo firmado atenderá las iniciativas en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a través de un nuevo calendario que se acordará por el pleno el próximo 15 de febrero del 2021, en donde se establece que se deberá cumplir con todos los procesos relacionados a este fin (foros, sesiones de comisiones, dictaminación y votación en pleno), en el periodo del 16 al 24 de febrero del presente año.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Erick Gustavo Miranda García, precisó que la XVI Legislatura llevará a cabo el ejercicio de parlamento abierto para escuchar todas las opiniones, tanto a favor como en contra, en torno a las iniciativas para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

De igual manera, Miranda García hizo un reconocimiento al diputado Carlos Hernández Blanco, por ser una pieza fundamental para llevar a cabo el acuerdo con las colectivas de la Red Feminista Quintanarroense.

Una vez sea emitido el dictamen, la Red Feminista Quintanarroense efectuará la desocupación de las instalaciones del Congreso, para restablecer los servicios administrativos y legislativos al interior de la Sede del Poder Judicial.

Respecto a las nueve acciones legislativas consideradas por la Red, se propone establecer un calendario, el cual abarcará el año 2021, garantizando las condiciones de seguridad, justicia, igualdad, y paz para las mujeres y niñas en el Estado.

Entre las acciones se encuentra la creación del tipo penal de feminicidio infantil y transfeminicidio en el Código Penal del Estado, la discusión y análisis de la eliminación del pin parental en la Ley de Educación del Estado e incluir la educación integral de la sexualidad; protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razón de género.

Además se atenderá la creación del padrón de agresores sexuales en el Estado; la participación de la Red Feminista Quintanarroense y de otras organizaciones de la sociedad civil en las comisiones creadas en el Congreso del Estado para emitir normatividad en materia de atención de la violencia contra las mujeres; el análisis, estudio y discusión para la erradicación del Acoso Callejero en la Entidad; análisis de la perspectiva de género y su aplicación en la Ley de Movilidad del Estado; análisis para incluir como información obligatoria para acceder a un cargo del servicio público, el no haber sido denunciado por delitos sexuales o violencia de género contra las mujeres o contar con denuncias por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar o estar registrado en el padrón de deudores alimentarios.

Por último, se atenderá la iniciativa para la reformación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo a fin de regular la portación de armas no letales para su defensa, como una acción afirmativa relacionada con la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Los legisladores de la XVI legislatura de Quintana Roo se encuentran a punto de votar por una nueva ley mordaza en las próximas horas. De ser aprobada dicha ley implicaría que a los periodistas y ciudadanos los cuales documenten lo sucedido en escenas criminales sean encarcelados por el solo hecho de informar, pues dicha ley abre la puerta a muchas ambigüedades.

La ley propuesta por los legisladores quintanarroenses busca criminalizar el ejercicio periodístico creando un nuevo delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, bajo la figura del Artículo 250-Ter, la cual señala que:

“Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Según el proyecto que ha pasado al pleno cameral, la pena de cárcel incrementará si en la escena del crimen captada por la lente de los reporteros o civiles las víctimas hayan sido mujeres o infantes.

Dicha ley pretende acotar una garantía constitucional, pues constituye a un retroceso de la libertad de expresión y supone un nuevo instrumento de censura de acuerdo a diversos tratados nacionales e internacionales, poniendo en riesgo el trabajo de reporteros, activistas y defensores de los Derechos Humanos que puedan resultar incómodos para el gobierno.

Esta no es la única ocasión que políticos y funcionarios públicos intentan construir un instrumento de censura en México. Tan solo en el 2020, los congresos de cinco entidades federativas procesaron iniciativas similares.

La Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Querétaro exploraron mecanismos de censura muy parecidos entre sí del 4 de marzo y el 20 de junio a través de los cuales se pretendió sancionar con penas de tres y hasta ocho años de cárcel el derecho a informar sobre un crimen.

Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 191/2020 que fue omitida en las consideraciones de los proyectos de decreto en el Estado.