Por: Héctor Herrera
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ampliación del proceso de consulta para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, luego de que comunidades solicitaran más tiempo para revisar la propuesta y presentar sus planteamientos antes de que la iniciativa avance al Congreso de la Unión.
Durante la conferencia matutina del lunes 12 de octubre, la mandataria explicó que la decisión busca mantener el diálogo con los pueblos originarios, escuchar sus inquietudes y construir consensos sobre una legislación que pretende fortalecer el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos colectivos.
El proceso está a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, instancias responsables de acompañar la consulta e incorporar las propuestas de las comunidades en la elaboración del proyecto legislativo.
La iniciativa busca desarrollar el artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este marco contempla el reconocimiento de su autonomía, libre determinación y participación en las decisiones que inciden en su vida colectiva.
De acuerdo con la información difundida, la consulta considera a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. La amplitud del proceso busca recoger las distintas perspectivas de las comunidades antes de definir el contenido de las disposiciones legales que regularán la protección de sus derechos.
La ampliación modifica los tiempos previstos para presentar la iniciativa, cuyo avance legislativo estaba contemplado inicialmente para el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural. El Gobierno federal optó por prolongar el diálogo para dar más espacio a la revisión de la propuesta y a la recepción de observaciones.
Con esta decisión, la elaboración de la ley continuará en una etapa de consulta antes de su presentación ante el Poder Legislativo. El reto será traducir los planteamientos de las comunidades en disposiciones concretas que fortalezcan sus derechos y permitan que sus voces se reflejen en el contenido final de la legislación.
