Los embarazos en adolescentes continúan a la baja en Quintana Roo, aunque las autoridades estatales advierten que el problema no está resuelto. La preocupación principal sigue siendo la presencia de casos en niñas de 12 años o menos, así como la concentración de este fenómeno en comunidades rurales y zonas donde persisten prácticas como las uniones tempranas.
De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales y retomada a partir de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la entidad reportó una reducción de 30% entre 2018 y 2023. A escala nacional, la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años también muestra una disminución sostenida en las últimas cinco décadas.
Sin embargo, los datos siguen revelando diferencias importantes entre municipios. Bacalar aparece con la tasa más alta, con 72.3 nacimientos por cada mil adolescentes. José María Morelos se ubica en un rango intermedio, mientras que Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas se colocan en niveles considerados bajos dentro del semáforo de la estrategia. En contraste, Othón P. Blanco, Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres registran cifras por debajo de la media nacional.
Atención integral para madres adolescentes
La directora del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Alvarado Moo, explicó que las acciones institucionales buscan acompañar tanto a las adolescentes embarazadas como a sus bebés, con el objetivo de evitar que interrumpan sus estudios o pierdan acceso a sus derechos.
La funcionaria señaló que la estrategia estatal parte de la detección del caso y continúa con atención psicológica, educativa y social. La intención, dijo, es entender el contexto en el que ocurrió el embarazo y construir una restitución de derechos que permita a la menor seguir estudiando, conservar una economía estable en el futuro y garantizar atención para el recién nacido.
Alvarado Moo reconoció que, en algunos casos, los embarazos a temprana edad están vinculados con matrimonios forzados o violencia sexual. También mencionó que entre mujeres mayores de 18 años se observa una disminución, que atribuyó en parte a la incertidumbre económica y a la decisión de posponer la maternidad para priorizar la formación académica y la autonomía personal.
Redes de atención y prevención
Por su parte, Jorge Quintanilla Osorio, encargado del despacho del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Quintana Roo, afirmó que existen redes específicas para atender estos casos y activar medidas de protección cuando se detectan situaciones de riesgo en escuelas, hospitales o incluso a partir de reportes al 911.
El funcionario sostuvo que la entidad ha logrado reducir el embarazo adolescente mediante acciones de educación sexual y sensibilización, pero subrayó que todavía se registran embarazos en niñas de 12 años o menos, lo que mantiene encendida la alerta.
En septiembre, SIPINNA nacional y los sistemas estatales firmaron un manifiesto para reforzar la respuesta institucional frente a la violencia sexual infantil, erradicar los embarazos en niñas y combatir las uniones forzadas. El documento impulsa el movimiento “Niñas Sí, Madres No” y plantea una coordinación más amplia entre salud, educación, fiscalías, poderes judiciales, familias y autoridades.
Una problemática que sigue siendo urgente
El manifiesto recuerda que en 2025 se registraron 7 mil 887 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años en México, equivalente a 22 casos diarios. Aunque la cifra bajó 24.9% entre 2018 y 2025, el documento considera que el problema sigue siendo una emergencia por tratarse de embarazos forzados y una violación a los derechos humanos.
Entre los compromisos asumidos por las autoridades se incluyen reforzar la detección temprana, evitar la revictimización, garantizar acceso a la justicia y asegurar que las niñas y adolescentes puedan volver a la escuela y retomar sus proyectos de vida. La apuesta, señalaron, es que cada comunidad, escuela y familia funcione como un espacio de protección y no de violencia.
En Quintana Roo, la tendencia a la baja ofrece un avance, pero los datos muestran que el reto principal continúa siendo prevenir los embarazos en menores de edad y atender sus causas estructurales, especialmente en los entornos más vulnerables.
