Habitantes de la comunidad Graciano Sánchez, conocida como “La Pantera”, en el municipio de Bacalar, retiraron durante la madrugada de este jueves el bloqueo que mantenían en la Vía Corta a Mérida, luego de que se confirmara una reunión con autoridades estatales para revisar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la localidad.
La protesta se reactivó por la noche del miércoles y se extendió durante varias horas. De acuerdo con los pobladores, la decisión de liberar el paso se tomó cuando quedó agendado un encuentro con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, a quien pedirán que se esclarezca el caso y se deslinden responsabilidades entre exintegrantes del Comité de Administración y Vigilancia del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
El origen del conflicto
La inconformidad comunitaria surgió a partir de una asamblea extraordinaria realizada la semana pasada, en la que vecinos señalaron que parte del presupuesto asignado a la comunidad no tenía una justificación clara. Según lo expuesto por los habitantes, el monto total destinado a la localidad fue de 995 mil pesos, aunque una cuarta parte de esos recursos quedó sin explicación suficiente.
En ese contexto, también acusaron que algunas obras proyectadas para beneficio colectivo terminaron favoreciendo a familiares y personas cercanas a integrantes del comité, lo que detonó exigencias para que interviniera la Secretaría de Bienestar federal y se revisara el manejo del dinero.
Presión con bloqueos consecutivos
Ante la falta de una respuesta inmediata, los pobladores bloquearon por primera vez la carretera la noche del martes. Ese primer cierre fue levantado después de que se acordó cancelar el ejercicio de los recursos cuestionados y separar al comité señalado. Sin embargo, la comunidad decidió retomar la protesta al día siguiente, al considerar necesario contar con una confirmación directa de que los acuerdos serían atendidos.
La medida se sostuvo hasta poco antes de la medianoche, cuando se formalizó la cita con la titular de la Secretaría de Gobierno. Entonces, los manifestantes permitieron nuevamente la circulación vehicular y dejaron en claro que esperan resultados concretos en la próxima reunión.
Seguimiento del caso
El secretario general del Ayuntamiento de Bacalar, Guillermo Tun Ruíz, participó como enlace entre los inconformes y las autoridades estatales. Ahora, la atención se concentra en la reunión anunciada, en la que la comunidad buscará que se aclaren posibles responsabilidades y se determinen medidas sobre los recursos observados.
Por el momento, la Vía Corta a Mérida permanece libre, aunque entre los pobladores sigue latente la posibilidad de retomar la protesta si no ven avances en el proceso de revisión. El caso mantiene en el centro del debate la vigilancia sobre el uso de fondos públicos en comunidades indígenas y afromexicanas de Quintana Roo.
Conclusión
La comunidad de Graciano Sánchez espera que la reunión con autoridades estatales derive en una revisión efectiva del manejo de los recursos y en decisiones concretas sobre posibles responsabilidades.
