miércoles, agosto 19, 2026
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Destituyen a titular de Migración en Quintana Roo por presunta trata de personas

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El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, Carlos Manuel Bandala González, fue destituido del cargo en medio de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la expedición de documentos migratorios y un posible caso de trata de personas.

La separación del funcionario federal se realizó con apoyo de la fuerza pública y, de acuerdo con la información difundida, deriva de una investigación que se habría prolongado durante aproximadamente dos años.

Entre los principales señalamientos se encuentra la presunta expedición irregular de 935 documentos falsos a ciudadanos de origen cubano y venezolano, quienes habrían pagado entre 10 mil y 15 mil pesos, aunque en algunos casos las cantidades habrían alcanzado hasta 5 mil dólares, a cambio de documentación que les permitiera acreditar una supuesta residencia legal en México.

Las investigaciones también apuntan a que, una vez obtenidos estos documentos, algunos extranjeros habrían utilizado la documentación apócrifa para acreditar una falsa nacionalidad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y registrar a supuestos hijos con los que no existiría un vínculo familiar.

Uno de los aspectos más delicados del caso es que, según los señalamientos, varias de las personas involucradas serían mujeres menores de edad, situación que habría encendido las alertas de las autoridades ante la posibilidad de que fueran víctimas de redes de trata de personas.

El caso permanece bajo investigación para determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales de los funcionarios o particulares que pudieran estar involucrados.

Tras la salida de Bandala González, Mauricio Alejandro Patiño asumió el cargo como nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración en Cancún.

Las autoridades deberán esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades, identificar a los responsables y determinar si existió una red organizada para la falsificación y comercialización de documentos migratorios, así como posibles vínculos con delitos de trata de personas.

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