La caseta de cobro de “peaje” en la carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto cumple hoy un mes desde su instalación por parte de los ejidatarios, quienes exigen la indemnización por la expropiación de sus tierras.
Paulino Pat, representante del núcleo ejidal, explicó que esta medida se tomó debido a la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de la presidenta municipal y del gobierno estatal, quienes no han buscado establecer un diálogo con ellos.
La protesta comenzó el 11 de noviembre con la retención de vehículos cada dos horas. Sin embargo, desde el 24 de noviembre se registró el primer disturbio, lo que llevó a los ejidatarios a armarse para defenderse. Pat relató que un hombre que se presentó como miembro del gobierno disparó al suelo dos veces tras pagar el peaje, y más recientemente, una mujer que se identificó como trabajadora del DIF municipal también los amenazó.
El domingo pasado, un conductor con una mujer como copiloto intentó levantar la cadena, pero al no poder hacerlo, arrojó una piedra hacia los ejidatarios, casi alcanzando a una persona de la tercera edad. “Estábamos en una reunión y casi lo linchan más de 400 ejidatarios; por eso ahora estamos armados. Responsabilizamos al gobierno de lo que suceda”, expresó Pat.
Los campesinos explican que la SICT expropió 131 hectáreas para la construcción de la Vía Corta entre Mérida y Felipe Carrillo Puerto-Valladolid. Aunque el pago pendiente se debía definir a través de un nuevo avalúo de las tierras, los ejidatarios afirman que la SICT no cumplió con los trámites necesarios ante el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin).
Por ahora, la caseta de cobro permanece en la salida a Valladolid, frente a la Universidad del Bienestar.
