La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un paquete de reformas a los reglamentos de Tránsito y a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con el objetivo de regular el uso de vehículos eléctricos personales, como scooters y otros dispositivos motorizados, y reforzar la seguridad vial en la capital.
Durante un acto en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina explicó que esta actualización normativa responde al crecimiento de estos medios de transporte en la ciudad y a la necesidad de establecer reglas claras para su uso. Subrayó que el eje central de la reforma es la protección de los usuarios más vulnerables, conforme a la pirámide de movilidad, que prioriza a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Las modificaciones contemplan la regulación de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), incluyendo la obligatoriedad de contar con licencia de conducir tipo A1 o A2 para aquellos que superen ciertas características técnicas, como velocidad y potencia.
Uno de los cambios más relevantes es que, a partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos nuevos de este tipo deberán comercializarse con placas desde su punto de venta. En el caso de las unidades que ya circulan, sus propietarios tendrán un plazo hasta el 20 de noviembre para realizar el trámite de emplacamiento correspondiente.
Las autoridades capitalinas informaron que las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de septiembre, luego de un periodo de socialización enfocado en promover la cultura vial y el conocimiento de la nueva normativa.
Entre las disposiciones destacan la prohibición de circular sobre banquetas, carriles confinados para transporte público y vías rápidas con límites superiores a 50 kilómetros por hora. También será obligatorio el uso de casco y se sancionará la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Brugada Molina enfatizó que la regulación no tiene fines recaudatorios, sino que busca prevenir accidentes, ordenar el uso del espacio público y garantizar la convivencia entre distintos medios de transporte. “Establecer normas claras salva vidas”, afirmó.
Como parte de las medidas complementarias, la jefa de Gobierno adelantó la implementación de un programa para que elementos de la Policía de Tránsito porten cámaras corporales, con el fin de transparentar la aplicación de la ley y fortalecer la confianza ciudadana.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que esta regulación también permitirá tener un registro preciso del número de estos vehículos en circulación y reducir conflictos en la vía pública.
Las multas por incumplimiento irán de 10 a 20 UMAS, dependiendo de la reincidencia, lo que equivale a sanciones económicas que pueden superar los dos mil pesos.
Con estas reformas, el gobierno capitalino busca avanzar hacia un sistema de movilidad más ordenado, seguro y equitativo, donde las nuevas formas de transporte se integren bajo reglas claras y con prioridad para quienes transitan en condiciones de mayor vulnerabilidad.
