La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a las fuerzas políticas a elevar el nivel de la discusión pública y dejar atrás las descalificaciones, las mentiras y las expresiones de odio, ante la proximidad de un nuevo proceso electoral. También aseguró que su administración no intervendrá en la contienda y respetará la autonomía de las autoridades electorales.
Durante la sesión pública solemne del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), en la que se presentó el último informe de actividades de su presidente, Armando Ambriz Hernández, la mandataria sostuvo que la competencia política debe centrarse en propuestas, ideas y proyectos capaces de contribuir al desarrollo de la capital.
Brugada planteó que la discusión democrática debe desarrollarse mediante argumentos y dentro del marco legal, sin recurrir a la falsedad como herramienta para obtener ventajas políticas. A su juicio, las diferencias entre partidos y actores públicos deben procesarse mediante el diálogo y el respeto a las reglas que rigen la vida institucional.
La jefa de Gobierno también propuso construir un frente común contra las expresiones de racismo, misoginia, clasismo, xenofobia e intolerancia. Señaló que la pluralidad y el ejercicio de las libertades deben mantenerse como principios de convivencia en la capital, particularmente durante los periodos de competencia electoral, cuando se intensifica el intercambio de posturas políticas.
En materia de legalidad, afirmó que el Gobierno capitalino respetará las atribuciones de las instituciones electorales y la decisión de la ciudadanía en las urnas. Asimismo, sostuvo que los recursos públicos deben destinarse al bienestar colectivo y no ponerse al servicio de intereses partidistas o electorales.
La mandataria vinculó estas obligaciones con el papel del TECDMX, al que reconoció por su intervención en la resolución de controversias y la protección de los derechos políticos. Destacó que la justicia electoral constituye una pieza relevante para garantizar que las decisiones se apeguen a la ley y que la voluntad popular sea respetada.
Por su parte, Armando Ambriz Hernández aprovechó la presentación de su último informe al frente del tribunal para destacar la responsabilidad del organismo en la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia local.
El magistrado recordó la relación histórica del recinto con la justicia electoral capitalina: en 1999, el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal celebró allí su instalación. La referencia sirvió para subrayar la trayectoria de una institución que ha debido responder a las transformaciones políticas y sociales de la ciudad.
Ambriz Hernández señaló que las formas de participación ciudadana han evolucionado durante las últimas décadas, lo que obliga al órgano jurisdiccional a desarrollar nuevas capacidades para atender las demandas sociales y ofrecer vías legales para resolver los conflictos políticos. Reiteró, además, la responsabilidad del tribunal de escuchar y proteger a la población frente a posibles arbitrariedades.
Al concluir, destacó que la duración de los cargos públicos contrasta con el alcance de las resoluciones judiciales, cuyas consecuencias pueden permanecer en el tiempo. En vísperas de una nueva etapa electoral, el llamado a respetar la ley, proteger los derechos políticos y preservar el debate público coloca la actuación de las autoridades y los partidos bajo la atención de la ciudadanía.
