Inician reencarpetamiento de la calle Insurgentes en San Buenaventura; obra mejorará principal acceso a la comunidad

El Gobierno Municipal de Tepeji del Río dio inicio a los trabajos de reencarpetamiento de la calle Insurgentes, principal vía de acceso a la comunidad de San Buenaventura, una obra de infraestructura vial que busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para habitantes y automovilistas que utilizan diariamente esta conexión.

El proyecto contempla la rehabilitación de 500 metros lineales de carpeta asfáltica, con un ancho aproximado de 6.5 metros, intervención que permitirá optimizar la circulación en una de las vialidades más importantes de la localidad y atender el deterioro que presentaba la superficie de rodamiento.

Durante el arranque de la obra, las autoridades municipales señalaron que este tipo de proyectos forman parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la conectividad entre comunidades y facilitar el desplazamiento de personas, transporte público y vehículos de carga.

La administración encabezada por la presidenta municipal Tania Valdez Cuellar destacó que la ejecución de esta obra es resultado de la coordinación entre el gobierno local, las autoridades auxiliares de la comunidad y la participación de los habitantes, quienes plantearon la necesidad de intervenir esta vialidad por el flujo constante que registra.

La modernización de la calle Insurgentes busca fortalecer las condiciones de acceso a San Buenaventura, una comunidad cuya conectividad depende en gran medida de esta vía. La mejora de la carpeta asfáltica también contribuirá a reducir el desgaste de los vehículos, mejorar los tiempos de traslado y ofrecer mayor seguridad para quienes transitan diariamente por la zona.

La rehabilitación de caminos y vialidades continúa siendo una de las principales demandas de diversas comunidades del municipio, debido a que el estado de la infraestructura carretera influye directamente en la movilidad, el acceso a servicios y la actividad económica de la región.

Captura de presunto feminicida de Beany Lozano reaviva exigencia de justicia; era uno de los objetivos prioritarios en Chiapas

La detención de José Manuel “N”, alias “El Tito”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, marca un avance en una de las investigaciones que mayor impacto social generó en Chiapas durante 2026. El sospechoso fue localizado y capturado en Guasave, Sinaloa, tras un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, poniendo fin a varios meses de búsqueda en los que permanecía prófugo de la justicia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado de un despliegue coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Las labores de inteligencia permitieron ubicar al imputado en un inmueble de Guasave, donde, tras obtener una orden de cateo, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

El caso de Beany Lozano se convirtió en un referente de la demanda de justicia frente a la violencia contra las mujeres. La joven, de 18 años y estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), fue vista por última vez el 6 de abril de este año en compañía de José Manuel “N” en el municipio de Tuxtla Chico. Horas más tarde fue encontrada dentro de un vehículo con una herida de bala en la cabeza. Permaneció hospitalizada durante once días, hasta que falleció el 17 de abril debido a la gravedad de las lesiones.

Tras su muerte, la Fiscalía General del Estado reclasificó la carpeta de investigación como feminicidio y emitió una orden de aprehensión contra el presunto responsable, quien desde entonces figuraba entre los principales objetivos de búsqueda en Chiapas. Como parte de las acciones para lograr su localización, las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil pesos por información que condujera a su captura.

Durante los meses en que el sospechoso permaneció prófugo, familiares, amigos y colectivos feministas realizaron diversas movilizaciones para mantener vigente el caso y exigir resultados en la investigación. Una de las manifestaciones de mayor alcance ocurrió durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, donde aprovecharon la presencia de medios nacionales e internacionales para difundir la imagen de Beany Lozano y reclamar justicia.

Con la captura de José Manuel “N”, las autoridades buscan fortalecer la integración de la investigación y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. No obstante, será el Poder Judicial el encargado de determinar su situación jurídica y resolver su presunta responsabilidad conforme al desarrollo del proceso penal.

La aprehensión representa un paso relevante dentro del caso, aunque el proceso judicial apenas inicia y será determinante para establecer responsabilidades y garantizar que uno de los feminicidios que más indignación provocó en Chiapas llegue a una resolución en los tribunales.

Gobierno abre debate sobre regulación de redes sociales en menores; especialistas alertan riesgos para la salud mental y el aprendizaje

La regulación del uso de redes sociales entre niñas, niños y adolescentes se colocó este lunes como uno de los principales temas de la agenda nacional, luego de que especialistas internacionales y autoridades federales advirtieran que el diseño de las plataformas digitales favorece conductas adictivas que impactan el desarrollo cognitivo, el bienestar emocional y el desempeño académico de millones de menores.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, expertos en salud mental, tecnología y educación coincidieron en que el problema trasciende el uso cotidiano de los teléfonos celulares y radica en la arquitectura de las aplicaciones digitales, cuyos algoritmos están diseñados para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible mediante herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática de videos, las recomendaciones personalizadas y las notificaciones constantes.

El psicólogo social y profesor de liderazgo de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, sostuvo que la presencia permanente de teléfonos inteligentes dentro de las aulas ha modificado los hábitos de aprendizaje de las nuevas generaciones, al generar niveles de distracción sin precedentes que, de acuerdo con diversos estudios, ya se reflejan en una disminución de la comprensión lectora, la concentración y los resultados académicos. El especialista llamó a recuperar espacios libres de pantallas para favorecer el desarrollo integral de la infancia.

A este diagnóstico se sumó Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de protección de Facebook y especialista en seguridad digital, quien explicó que las plataformas incorporan mecanismos diseñados para provocar un consumo continuo de contenido. Advirtió que los algoritmos pueden dirigir de manera reiterada a los menores hacia publicaciones relacionadas con trastornos alimenticios, problemas de autoestima o contenidos potencialmente nocivos, lo que incrementa los riesgos para su salud mental y emocional.

Frente a este escenario, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el uso compulsivo de celulares y redes sociales representa un problema de salud pública debido a que niñas, niños y adolescentes constituyen el sector más vulnerable frente a estas tecnologías. Señaló que el comportamiento de los algoritmos favorece una permanencia prolongada frente a las pantallas, situación que obliga a replantear estrategias de prevención dentro del sistema educativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que el Gobierno federal no plantea prohibir el uso de teléfonos celulares, sino impulsar un proceso de regulación que permita disminuir los efectos negativos asociados con las redes sociales. Indicó que el objetivo es construir mecanismos consensuados para ordenar su utilización, particularmente en los planteles educativos, sin dejar de reconocer las ventajas que ofrecen las herramientas digitales para diversas actividades académicas y de comunicación.

En materia educativa, el Gobierno también anunció el inicio de la dispersión de apoyos para útiles y uniformes escolares. El programa contempla una entrega anual de 2 mil 500 pesos para estudiantes de primaria, además de la continuidad de la beca Rita Zetina para alumnos de secundaria pública, la beca Benito Juárez para educación media superior y los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra para el nivel superior, con el propósito de fortalecer la permanencia escolar.

Otro de los temas abordados fue la recuperación de las instalaciones de Canal Once, luego de permanecer ocupadas durante varias semanas por un grupo de jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. Las autoridades informaron que, tras diversos intentos de diálogo, el inmueble fue devuelto y se iniciarán investigaciones para determinar si existieron afectaciones al patrimonio de la nación, particularmente a la infraestructura tecnológica y al acervo histórico de la televisora pública.

Asimismo, se dio a conocer el avance de un complejo hospitalario regional en Oaxaca, integrado por hospitales del IMSS, ISSSTE y Bienestar, que concentrará más de 700 camas, equipamiento de alta especialidad y servicios médicos para atender no sólo a la entidad, sino también a regiones colindantes, como parte de la estrategia para ampliar la capacidad hospitalaria del sur del país.

La jornada estuvo marcada por una agenda centrada en educación, salud y tecnología, con un énfasis particular en los desafíos que representa el entorno digital para las nuevas generaciones. El Gobierno abrió así una discusión sobre la necesidad de establecer mecanismos de regulación que respondan al crecimiento del uso de plataformas digitales y a sus efectos sobre la infancia, mientras avanza en programas de apoyo educativo, infraestructura hospitalaria y acciones para proteger bienes públicos.