Cristina Torres Gómez, actual secretaria de Gobierno de Quintana Roo, confirmó que sigue abierta su ruta política para buscar de nuevo la presidencia municipal de Playa del Carmen en 2027 por Morena. Aunque por ahora permanece en el gabinete estatal, su nombre vuelve a colocarse en el centro de la discusión local en un municipio marcado por problemas de seguridad, servicios públicos y desgaste político.
La exalcaldesa ya gobernó Solidaridad, hoy Playa del Carmen, entre 2016 y 2018, cuando llegó al cargo por la coalición PAN-PRD. Después fue diputada local y más tarde se sumó a Morena. Su trayectoria muestra una constante movilidad entre partidos y cargos de poder, que hoy la coloca otra vez frente a la posibilidad de competir por la misma silla que ocupó hace casi una década.
Una trayectoria política con varios giros
Antes de entrar de lleno a la vida partidista, Torres se desempeñó como abogada y pasó por distintas áreas jurídicas en el sector público, además de ocupar cargos en la Procuraduría Agraria, el Ayuntamiento de Playa del Carmen y la notaría pública número 60. También fungió como gerente de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), un antecedente que después sería objeto de señalamientos por parte de activistas.
Su paso del PRI al PAN y luego a Morena ha sido interpretado como una estrategia de adaptación política. En 2021 dejó la bancada panista y se integró a Morena, movimiento que coincidió con nuevas versiones sobre su interés por regresar a la presidencia municipal. Con el triunfo de Mara Lezama en 2022, fue nombrada secretaria de Gobierno, posición que mantiene y desde la cual opera como una de las principales figuras del gabinete estatal.
Los señalamientos sobre su primer gobierno
Sin embargo, su eventual regreso no está exento de controversia. Durante su administración en Solidaridad circularon observaciones de la Auditoría Superior del Estado y de la Contraloría municipal sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos. También hubo reportes periodísticos y denuncias relacionadas con pagos a empresas señaladas como fantasma o factureras.
Las versiones sobre los montos varían entre distintas fuentes: se ha hablado de decenas de millones de pesos, de un reclamo por más de 27 millones y de un posible daño patrimonial cercano a 300 millones. Hasta ahora, no hay una resolución pública que cierre esos expedientes con una absolución plena.
Entre las compañías mencionadas en esos señalamientos aparecen Diplon, Ditrecsa, Kingsky, Alianza Retilih, Dekatech System, Administradora de Servicios Lubak y otras firmas que habrían recibido contratos durante su gestión. También se sumaron cuestionamientos por problemas en la cárcel municipal y por episodios de violencia que marcaron a Playa del Carmen en esos años.
El reto político hacia 2027
La eventual candidatura de Torres se daría en un contexto complejo para Playa del Carmen. El municipio enfrenta reclamos por basura acumulada, alumbrado deficiente, calles deterioradas e inseguridad. En ese escenario, la memoria sobre gobiernos anteriores pesa tanto como las promesas de renovación.
Para Morena, su nombre ofrece experiencia y cercanía con el poder estatal. Para sus críticos, representa el regreso de una figura con expedientes abiertos y un historial que todavía genera dudas. La decisión final dependerá de la convocatoria interna del partido, pero el mensaje político ya está lanzado: Cristina Torres quiere volver a competir por Playa del Carmen y su nombre reabre viejas discusiones sobre administración pública, rendición de cuentas y continuidad en el poder.
Conclusión
Cristina Torres vuelve a colocarse como aspirante en un municipio donde el pasado pesa tanto como el presente. Su eventual candidatura no sólo dependerá de las reglas de Morena, sino también de cómo evalúen los votantes los pendientes de su primer gobierno y el estado actual de Playa del Carmen.
