Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ex alcalde interino de Cancún en 2004, Carlos Canabal Ruiz, fue asesor de la gobernadora verde-morenista, Mara Lezama, aunque fue detenido el 8 de febrero último, vinculado a proceso por el delito de administración fraudulenta en presunta malversación de más de 300 millones de pesos, por lo que un juez de control le dio prisión preventiva justificada y enfrentará juicio en prisión.

         Sin embargo, hoy la gente se pregunta ¿Quién es Carlos Canabal? Lo que más se sabe es que su madre, Elvia de Guadalupe Ruiz Ávila, es acusada también por ese delito al formar parte de la sociedad de la empresa Intelligencia México, a la cual se concesionó la recolecta de basura en Cancún de 2017 a 2021, aunque también se dedica al confinamiento de la misma.

Hasta hoy sólo se recuerda que Carlos Canabal es político-empresario, propietario del periódico “La Verdad de Quintana Roo”, en tanto su detención ocurrió en la carretera Tulum-Playa del Carmen y posteriormente fue trasladado al penal de Apodaca en Monterrey, Nuevo León.

Intelligencia México fue constituida y tiene domicilio en Nuevo León, junto con otra empresa, Eco’ox, pese a que Carlos Canabal no radica en ese Estado, por lo que las autoridades dieron prisión preventiva justificada por correrse riesgo de fuga y/o ocultamiento. La investigación complementaria tendrá un lapso de tres meses para proceder con el juicio.

Se dice que la audiencia inicial duró 15 horas, durante la cual el asesor jurídico de Intelligencia México, Xavier Olea Trueheart, acreditó que Carlos Canabal y madre habrían cometido los mencionados delitos financieros. No obstante, ella se habría dado a la fuga.

Por su parte, la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León acusó que cometieron “atrocidades financieras”, con pagos indebidos que no tenían relación con la empresa de basura en Quintana Roo.

Ahora bien, ¿Quién fue Carlos Canabal? Fue designado alcalde interino de Cancún durante el trienio 2004-2005, sustituyendo al “Chacho” Juan Ignacio García Zalvidea, mientras, paralelamente, era director general del diario La Verdad, del que figura hasta hoy como presidente.

“Irónicamente”, también fue asesor de la hoy gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y ¿sabe usted en cuáles trienios fue responsable de la recoja de basura en Cancún? ¡En los del “verde” Remberto Estrada Barba (2016 – 2018) y de la verde-morenista Mara Lezama (2018 – 2022 ésta en su etapa de alcaldesa!

         De acuerdo con medios locales, fue detenido por presuntos delitos financieros, aunque habría incurrido en esos delitos en otro Estado, así como que su esposa, Yolanda Wilfrido, estuvo en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso de la Fiscalía General de la República.

         Tras esta reseña, conviene recordar que, conforme a nuestro tercer libro, “Política e impunidad”, en 2004, el proceso para elegir al sucesor del gobernador, Joaquín Hendricks Díaz, para el sexenio 2005-2011, todo hacía suponer que el PRI continuaría en el poder.

Veterinario con residencia en Benito Juárez, García Zalvidea, con el partido Verde, fue el primer opositor que, con el inusitado poder que significaba gobernar uno de los municipios más pródigos del país, desde las primeras semanas de su trienio anunció sus propósitos de buscar el Poder Ejecutivo.

Empero, terminó encarcelado por primera ocasión por intentar tomar palacio municipal, por juicios políticos y denuncias penales, aunque, defendido por el abogado tabasqueño Carlos Canabal, obtuvo su libertad y el aval de la Suprema Corte de Justicia para recuperar el poder y recibir sus participaciones federales y estatales.

Días después de recuperar la presidencia, que perdió cuando el Congreso del Estado creó un Concejo Ciudadano -lo encabezó la diputada Marisol Ávila Lagos-, sin embargo, García Zalvidea solicitó inesperadamente licencia definitiva a favor, precisamente, de Carlos Canabal, un profesionista que desconocía la política, con menos de dos años de llegar a Cancún a litigar.

Las primeras confrontaciones en las campañas se iniciaron en Benito Juárez, donde se sorprendió a policías retirando la propaganda política del candidato priísta Félix González por órdenes del titular de la corporación, Gerardo Olavarrieta León, quien recibió instrucciones de Carlos Canabal, en abierto apoyo a la campaña de García Zalvidea.

En cumplimiento de acuerdo con el Ieqroo, el priísta retiró parte de su propaganda en las principales avenidas de Cancún, no así García Zalvidea, ya que su encargado de la presidencia Carlos Canabal, objetó que ese organismo carecía de facultades para esa decisión, supuestamente unilateral.

Como se esperaba, los interminables problemas en BJ continuaron el 26 de enero del 2005, cuando, una vez resuelto parcialmente uno de burócratas sindicalizados, surgió el de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos que, en reclamo del pago del complemento de aguinaldo, caja de ahorros, vales de despensa y demás, protagonizaron un nuevo paro de actividades.

Al igual que en el primer caso, las autoridades se vieron incompetentes, aunque posteriormente pagaron un pequeño saldo que, no obstante, no satisfizo a los cerca de 500 inconformes. Igual que en casos anteriores, Carlos Canabal intentó minimizarlo, en el sentido de que era un grupúsculo inconforme que manejaba el Gobierno del Estado y que la corporación estaba conformada por otros mil agentes que no ocasionaban problemas.

Gerardo Olavarrieta, por su lado, dijo querer pagarles, pero no haber dinero en caja, por lo que siguió el plantón frente a palacio hasta el 31 de enero, cuando, para mala fortuna de la Comuna, debería pagar nuevamente la quincena, por lo que los inconformes se apoderaron de 15 patrullas y un carro de bomberos y realizaron marchas, la última hasta la zona hotelera, aun cuando Carlos Canabal ni siquiera se dignaba recibirlos.

Algunos uniformados se desistieron de sus demandas días antes porque el Ayuntamiento les ofreció un anticipo por poco más de dos mil pesos a cada uno, pese a que el adeudo ascendía a poco más de 12 mil pesos a cada uno.

Otro episodio ocurrió un día antes de las elecciones del 6 de febrero de 2005, cuando chocaron agentes municipales y judiciales en Cancún, así como con Carlos Canabal y su director de Tránsito, Roberto Thomson Reynoso, lo que derivó en la detención del capitalino Juan Gabriel Martínez Galicia.

Ese día, los judiciales, a los que el resolutivo de la Corte no impedía su legal permanencia en Benito Juárez, detectaron un sospechoso automóvil Astra, a cuyo conductor solicitaron que se detuviera. En el vehículo viajaban Roberto Thomson, quien dijo ser comandante de la zona hotelera, y Juan Gabriel Martínez, del quien el primero dijo ser “un amigo”, pero portaba sin autorización un rifle R-15 de uso exclusivo del Ejército, por lo que fue detenido.

Sin embargo, cuando lo trasladaban a los separos, fueron perseguidos, alcanzados y emboscados por seis vehículos, entre ellos una camioneta BMW, en el que viajaban policías municipales y Carlos Canabal, quienes dispararon para tratar de rescatar al detenido, consignado tras rendir su declaración.

Éste dijo ser originario del Distrito Federal y haber sido policía en el Estado de México, aunque, al quedarse sin trabajo, le invitó a trabajar en Cancún su ex compañero César de la Cruz, a quien contrató el director de Seguridad Pública, que se identificaba como “Almirante Albatros” y le ofreció 7 mil 800 pesos de sueldo, hospedaje y comida para agredir a taxistas y otros enemigos.

Agregaría que, junto con él, contrataron en las mismas circunstancias a cerca de una docena de personas más para “vigilar” las elecciones y se hospedaron en el hotel “Kokai”, propiedad de Gerardo Olavarrieta, donde conocieron a García Zalvidea y Carlos Canabal, quien le entregó el arma.

Con todo, el Ayuntamiento emitió un boletín donde dijo que, supuestamente, los policías municipales fueron los que detuvieron a los judiciales porque transportaban despensas para distribuir el día de las elecciones, pero éstos les dispararon y secuestraron a uno de sus compañeros. La Policía Judicial detuvo al día siguiente a cinco uniformados más, a dos de los cuales también detectó con armas sin autorización oficial.

El día de las elecciones, desde primera hora hubo irregularidades, cuando fiscales de la Comuna clausuraron cerca de 20 gasolineras, lo que se calificó como medida para evitar que los taxistas, tradicionales aliados del PRI, se movilizaran en apoyo de los candidatos de su partido.

Sobre lo anterior, Carlos Canabal dijo primero desconocer quién lo había ordenado, después acusó a Protección Civil estatal de solicitarlo en prevención de problemas por el material explosivo y, finalmente, aceptó haberlo ordenado y sus fiscales lo malinterpretaron, ya que sólo pidió extremar la seguridad.

Por otra parte, con el PRD convertido en segunda fuerza política del Estado, Carlos Canabal, junto con otras cinco “fórmulas”, lanzó su candidatura a su presidencia estatal, en una maniobra que se atribuyó a que buscara evitar ser juzgado al término de esa administración.

Se alargó el tema y existe más material, aunque, por lo pronto, habría de preguntarse qué papel jugaría Mara Lezama en el asunto de la basura, aunque sabemos de antemano que la respuesta quedará igual que múltiples dudas que se le han planteado: En el silencio.

CREDITOS: Luis Ángel Cabañas Basulto