Le dan atole con el dedo a las motocicletas de Quintana Roo
Por los diputados
Le dan atole con el dedo a las motocicletas de Quintana Roo
Por los diputados
En el Complejo de Seguridad C5 del municipio de Benito Juárez se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el gremio motociclista y las autoridades estatales para discutir las recientes reformas a la Ley de Movilidad del Estado, aprobadas por el Congreso de Quintana Roo.

El encuentro, encabezado por la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, y el Contralmirante Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, también contó con la participación de Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, y Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Durante la reunión, representantes de diversos grupos de motociclistas expresaron sus opiniones e inquietudes sobre la nueva legislación. El diálogo se centró en abordar diferentes perspectivas, propuestas y posibles soluciones que permitan avanzar hacia un Quintana Roo más seguro y reducir el número de delitos cometidos con motocicletas.

Este encuentro marcó el inicio de un proceso de colaboración. En los próximos días se llevará a cabo una segunda mesa de trabajo para evaluar los avances y alcanzar acuerdos que faciliten la elaboración de un reglamento equilibrado. El objetivo es garantizar el uso responsable de las motocicletas y combatir la delincuencia de manera efectiva.

En una reciente y polémica decisión, el gobierno de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, liderado por Mara Lezama, ha implementado un nuevo impuesto que afectará a quienes vendan su casa en la región. Este impuesto, equivalente al 5% del total de la venta, deberá ser pagado al Estado como un derecho de venta.
La medida, aprobada por los diputados de la XVII Legislatura local, ha suscitado diversas críticas y cuestionamientos entre los ciudadanos. Muchos se preguntan sobre el destino de estos nuevos ingresos y si realmente beneficiarán a la población en general. Según la propuesta de la gobernadora morenista, el impuesto está destinado a ser de beneficio para los quintanarroenses, aunque no se han detallado específicamente los proyectos o áreas que recibirán estos fondos.
Este nuevo gravamen ha sido calificado por algunos como una acción contraria al enfoque humanista que el gobierno dice promover. Críticos de la medida sugieren que los recursos recaudados podrían beneficiar a la gobernadora y su círculo cercano, sembrando dudas sobre la transparencia y el uso adecuado de estos fondos.
A medida que esta iniciativa entra en vigor, los habitantes de Quintana Roo estarán atentos a cómo se manejarán estos nuevos ingresos y si realmente se verán reflejados en mejoras para la comunidad. La implementación de este impuesto añade una nueva capa de discusión sobre las políticas fiscales y la gestión de recursos en el estado, destacando la necesidad de claridad y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.