Una grabación difundida por UnoTV abrió nuevas interrogantes sobre el caso del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, al contener declaraciones de un exfuncionario municipal que atribuye a la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, la autorización de apoyo legal para siete policías detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio por omisión.
De acuerdo con la información publicada por El Soberano, el audio está fechado el 25 de noviembre y corresponde a una conversación entre Samuel, quien entonces se desempeñaba como encargado de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, el hermano de uno de los escoltas detenidos y un abogado. Durante el diálogo, el exfuncionario asegura que Quiroz habría autorizado la contratación de abogados para los agentes y el envío de ropa y artículos personales a sus familiares.
La conversación también alude a presuntos cobros por servicios dentro del centro penitenciario y a dificultades de los familiares para obtener información sobre el proceso judicial. Además, Samuel menciona supuestos acontecimientos anteriores al asesinato, incluida la presencia de personas que consideró sospechosas durante el Festival de las Velas en Uruapan.
La relevancia de estas declaraciones está relacionada con la situación jurídica del propio Samuel. Según los reportes citados por El Soberano, el exfuncionario fue detenido en enero por su probable participación en el homicidio y posteriormente señalado como presunto informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La publicación también lo identifica como un posible enlace entre familiares de los policías detenidos y la alcaldesa.
Sin embargo, las afirmaciones contenidas en una grabación no acreditan por sí mismas que Grecia Quiroz haya cometido una irregularidad. La versión sobre la contratación de abogados y el envío de artículos personales requiere corroboración, al igual que los señalamientos sobre los supuestos cobros y los acontecimientos previos al crimen.
Para establecer si existió alguna responsabilidad, las autoridades tendrían que verificar la autenticidad del audio, precisar las circunstancias de la conversación y determinar si el apoyo mencionado ocurrió, bajo qué condiciones y si tuvo alguna relación con la investigación del asesinato.
La difusión del material vuelve a colocar bajo escrutinio las relaciones entre funcionarios municipales y los policías investigados por el caso Manzo. No obstante, mientras no se presenten elementos verificables que confirmen las declaraciones y sus implicaciones, los señalamientos contra la presidenta municipal deben mantenerse en el terreno de las versiones atribuidas al exfuncionario, sin presentarlos como hechos probados.
