La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) acusó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de frenar el proceso de indemnización por tierras ejidales ocupadas desde hace 53 años en la Ribera del Río Hondo, en Quintana Roo. Tras una mesa de diálogo realizada en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Chetumal, la organización anunció que exigirá la renuncia de la titular del organismo federal.
De acuerdo con el dirigente nacional de la ANTAC, David Estévez Gamboa, las dependencias involucradas en el caso han alargado los tiempos administrativos y no han concretado el pago correspondiente, pese a que, aseguró, existe un dictamen del Tribunal Agrario que ordenaba emitir el avalúo en un plazo de 30 días y gestionar de inmediato el recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Presión por el cierre del año presupuestal
Estévez Gamboa señaló ante campesinos reunidos afuera de la dependencia federal que el cumplimiento del pago difícilmente llegará antes de que termine el año fiscal. Por ello, dijo, la estrategia inmediata será impulsar puntos de acuerdo y exhortos desde el Poder Legislativo para que la indemnización se concrete en los primeros meses del próximo año.
El dirigente también sostuvo que este asunto es de competencia federal y que no necesitan la intermediación del gobierno estatal. Según su postura, no ha existido acompañamiento local en la atención del conflicto por las tierras.
Otros casos agrarios en espera
Durante su intervención, el líder transportista mencionó que hay otros expedientes agrarios con largo rezago, como el del ejido Ramonal, que —dijo— acumula 13 años de litigio, además del caso de Butrón. Planteó que este tipo de asuntos deberían resolverse mediante convenios administrativos directos para evitar procesos judiciales prolongados.
La protesta también fue escenario para que la ANTAC reiterara su advertencia sobre una posible movilización nacional. Estévez Gamboa afirmó que productores agrícolas y transportistas de los 32 estados están listos para convocar a un paro si no hay respuestas a sus demandas, entre ellas precios de garantía para el campo, atención al desabasto en el sector salud y mayor vigilancia en carreteras federales.
Por ahora, el conflicto por la indemnización sigue abierto y pendiente de definiciones en el ámbito federal, mientras la organización insiste en que el trámite no puede seguir aplazándose.
