La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Economía Digital que abre la puerta a reducir de manera gradual el uso de efectivo en determinadas actividades económicas y permitir que los pagos digitales se conviertan en la única forma de pago aceptada en sectores que sean considerados estratégicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo federal, obtuvo 327 votos a favor y 122 en contra tras más de cuatro horas de discusión y fue enviado al Senado, donde todavía deberá ser analizado y votado antes de convertirse en legislación vigente.

La propuesta establece un marco para ampliar el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros sistemas de pago digitales. También plantea que los tres órdenes de gobierno habiliten estos mecanismos para el pago de trámites y servicios públicos.

Uno de los aspectos que generó mayor discusión es la facultad que tendría Hacienda para definir los sectores o actividades en los que los medios electrónicos puedan convertirse en la única opción de pago. Entre los primeros ámbitos señalados aparecen las gasolineras y las carreteras, con una aplicación gradual.

El proyecto contempla una excepción para situaciones en las que exista alguna contingencia que impida utilizar los sistemas digitales. En esos casos, se podría recurrir al efectivo o al cheque.

La reforma también extiende la digitalización a los procesos de identificación. La CURP Digital podría utilizarse para acreditar la identidad de una persona al contratar servicios financieros de manera electrónica, mientras que el denominado Expediente Digital Ciudadano tendría efectos jurídicos equivalentes a documentos físicos cuando sea utilizado con autorización de la persona titular.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió la propuesta bajo el argumento de que México ya cuenta con infraestructura tecnológica para ampliar los pagos electrónicos, entre ella SPEI, CoDi, DiMo y las aplicaciones de instituciones financieras.

Sin embargo, la transición planteada también generó cuestionamientos entre legisladores de oposición. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que una mayor dependencia de los pagos electrónicos podría representar costos adicionales para pequeños comercios, que tendrían que contar con terminales, conexión a internet y asumir posibles comisiones por las operaciones.

También alertaron sobre riesgos relacionados con la protección de datos personales y los fraudes digitales, además de la brecha tecnológica que todavía persiste en el país.

Este último punto representa uno de los principales retos para la propuesta. Durante el debate se expuso que 85 por ciento de la población utiliza principalmente efectivo para compras de hasta 500 pesos, mientras que herramientas como CoDi y DiMo mantienen niveles de utilización mucho menores.

Por ello, el proyecto plantea una transformación que no se limita a sustituir billetes y monedas por aplicaciones o tarjetas: también modifica la forma en que podrían realizarse determinados pagos cotidianos y trámites ante las autoridades.

La propuesta aún debe pasar por el Senado. Si obtiene su aprobación, Hacienda tendría un papel central en la definición de las actividades donde los pagos electrónicos podrían desplazar al efectivo, mientras que la implementación tendría que enfrentar las condiciones de conectividad, costos y acceso tecnológico que persisten entre la población.