La reactivación del aserradero comunitario de Kantunilkín está prevista para noviembre y forma parte de un proyecto forestal que contempla el aprovechamiento de 5 mil hectáreas durante una década. La iniciativa se plantea bajo un esquema de inversión compartida entre el ejido y la empresa privada VO7, con la expectativa de reactivar la producción maderera y abrir nuevas opciones económicas para la comunidad.
De acuerdo con la directiva ejidal, encabezada por Fidel Pool Cauich, los mil 106 ejidatarios registrados aportarían el recurso forestal, mientras que la empresa se encargaría de la maquinaria, el mantenimiento de las instalaciones, el corte y la comercialización. El aserradero se instalará en la antigua bloquera ejidal, donde —según la dirigencia— las obras están en su etapa final.
Obras casi listas y promesa de reportes mensuales
Pool Cauich afirmó que los trabajos incluyen la reparación de fisuras, así como el acondicionamiento de oficinas y sanitarios. También indicó que se espera el arribo de maquinaria pesada para iniciar las labores en el monte. Como parte del compromiso de la administración ejidal, dijo que se presentarán reportes mensuales sobre metros cúbicos procesados, costos de operación e inversión ejercida.
La dirigencia sostiene que el proyecto busca un aprovechamiento integral de la materia prima y que no se extraerán especies catalogadas en riesgo, como cedro y chicozapote. Además, prevé capacitación para parcelarios locales con el fin de elaborar subproductos como triplay y cimbraplay a partir de los sobrantes de madera. También se contempla abrir una mueblería comunitaria.
Otro de los argumentos a favor del plan es, según la directiva, que VO7 ya tendría un mercado asegurado para la venta de la madera, lo que permitiría arrancar con viabilidad comercial desde el inicio de operaciones.
Cuestionamientos por permisos y manejo forestal
Sin embargo, el ejidatario Isidro Chuc Sima expresó reservas sobre el proyecto y cuestionó que no se hayan mostrado de forma clara permisos ambientales expedidos por instancias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También afirmó que no existe un estudio agronómico ni un programa de manejo sustentable que determine cómo se repondrá el monte tras la extracción.
Chuc Sima advirtió que, sin un plan de reforestación coordinado, el aprovechamiento maderable podría provocar degradación del ecosistema local. Además, señaló que en experiencias previas dentro del ejido, las alianzas con empresas privadas han dejado beneficios concentrados en grupos reducidos, mientras la mayoría de los ejidatarios queda fuera de las ganancias.
Entre sus preocupaciones también está la posibilidad de que la empresa controle buena parte de la cadena productiva, desde el personal hasta el transporte, lo que —según dijo— podría dificultar una distribución justa de los ingresos. A ello sumó el riesgo de que el volumen de madera en rollo sea subestimado, lo que afectaría cualquier reparto económico entre las familias del ejido.
La purificadora, como antecedente de desconfianza
Para sustentar sus dudas, Chuc Sima comparó el proyecto forestal con la planta purificadora de agua del ejido, cuya operación también ha sido cuestionada. Según su versión, fue presentada como una inversión de 300 mil pesos, pero en la práctica habría funcionado como un dispensario de baja capacidad y sin condiciones completas de distribución. Él estimó que el costo real habría sido de 150 mil pesos.
Mientras la directiva apuesta por la reactivación del aserradero como una vía para dinamizar la economía local, las críticas se centran en la falta de claridad sobre los permisos, la protección ambiental y la rendición de cuentas. Por ahora, el proyecto avanza con posiciones encontradas y con la exigencia de que cualquier beneficio para el ejido se traduzca en información verificable y un reparto equitativo de resultados.
