Ante el anuncio de Martha Bárcena sobre su jubilación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos.

Por su parte, Bárcena recibirá el título de embajadora eminente, una distinción en el servicio exterior mexicano; la ex embajadora explicó que tomó la decisión de jubilarse anticipadamente por lo que dejará pronto la embajada.

El Presidente de la República informó que se hará la solicitud al beneplácito del Gobierno estadounidense sobre el nombramiento y posteriormente se enviará la propuesta al Senado de México para que los legisladores tomen la última decisión.

López Obrador destacó la labor de Moctezuma frente a la Secretaría de Educación Pública y pretende que antes de que termine el año, el Secretario ayude a preparar el regreso a clases para los estados donde es posible hacerlo a pesar del covid-19, como son los que están indicados en verde y amarillo de acuerdo al semáforo epidemiológico nacional.

El Senado de México aprobó la noche del miércoles 9 de diciembre las reformas a la ley de Seguridad Nacional para limitar en el territorio las competencias de los agentes extranjeros de agencias como la DEA o el FBI, quienes “únicamente” desarrollarán “actividades de enlace” para intercambiar información con las autoridades mexicanas.

En la conferencia matutina del 8 de diciembre, el jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró que no existen reglas claras en relación con lo que puede hacer o no los agentes extranjeros.

La propuesta, fue aprobada finalmente con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, en medio de las críticas de la oposición, que han calificado la medida como un “berrinche” a causa de la reciente detención en suelo estadounidense del exministro de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

La reforma da cabida a la posibilidad de que los agentes extranjeros puedan ser sancionados penalmente bajo el marco jurídico mexicano, ya que no tendrán “ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones”, así como por infringir las disposiciones normativas que les prohíben el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades de México.

El texto decreta que las agencias extranjeras deberán operar en México bajo un tiempo definido y previa autorización, del mismo modo que están obligadas a hacer partícipes a las autoridades mexicanas de la información que recaben en el ejercicio de sus funciones, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Este jueves el Senado aprobó la ampliación del catálogo de delitos por los cuales se puede juzgar al presidente de México, lo que Morena denominó como “eliminación del fuero presidencial”.

Con 89 votos a favor se realizaron reformas constitucionales en materia del fuero presidencial para cambiar los artículos 108 y 111 constitucionales; en realidad lo que consiguieron fue ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente mexicano.

Dichos delitos agregados son: traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Sin embargo, el proceso sólo podrá ser realizado ante el Senado.

El documento sobre el fuero presidencial, que debe ser aprobado previamente por la Cámara de Diputados, pasará a los Congresos locales y para que puedan confirmarse los cambios en la constitución mexicana, al menos 16 de las 32 entidades deberán aprobarlo.

De manera paralela, también se puso sobre la mesa la iniciativa para eliminar el “fuero legislativo” que quitará ciertas protecciones legales a diputados y senadores, la cual fue aprobada con 102 votos a favor y 1 en contra.

Ésta fue turnada a la Cámara de Diputados donde tendrá que discutirse y en su caso aprobarse; en caso de modificarse en San Lázaro, volverá al Senado para ser enviada a los Congresos Locales.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la “Ley Olimpia” a nivel nacional, para castigar con hasta seis años de prisión y multa a quien exhiba, distribuya o comercialice videos, audios o imágenes con contenido íntimo en plataformas de internet o redes sociales sin autorización de la persona, y cuando su difusión cause algún daño emocional, psicológico o en su vida privada.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher, consideró la aprobación del dictamen como una deuda “con todas las mujeres, niñas y adolescentes, que han sido víctimas de estas modalidades de violencias, (de las que) yo también he sido víctima, y cuyos casos no han prosperado por la falta de tipificación del delito”.

La pena de prisión podría llegar a nueve años si el contenido del material difundido orilla a una mujer a quitarse la vida; si quien lo difunda tuvo una relación afectiva con la víctima o cuando la persona a la que se le atribuyen las imágenes, audios o videos íntimos no sea realmente quien aparezca, con el fin de dañarla.

El dictamen aprobado incorporó el término violencia mediática. Este se comete cuando, desde un medio de comunicación, se reproduzcan estereotipos o lenguaje sexista, se fomente la desigualdad entre mujeres y hombres, o se haga apología de la violencia contra niñas y mujeres.

La ley toma su nombre a partir del movimiento que inició en 2014 la joven poblana Olimpia Coral, luego de que su expareja difundiera en internet un vídeo íntimo. Hasta hoy, 25 estados de la República han legislado para castigar la violencia digital.