Tras el financiamiento de las campañas políticas para las elecciones del próximo 6 de junio y la persecución de una banda que se dedica a la clonación de tarjetas al sureste del país, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha comenzado la cacería en contra de quien registre ingresos no comprobados mediante sus cuentas bancarias.

En el 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para mejorar la fiscalización en el proceso electoral, el cual les permitirá reforzar el intercambio de información entre las dos instituciones para alertar sobre los movimientos financieros de aquellos candidatos que cuenten con algún tipo de investigación en su contra.

De igual manera, derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF, se logró identificar mediante la llamada “Operación Caribe”, a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones la ciudad de Cancún en Quintana Roo.

Tan solo en la semana pasada la UIF congeló varias cuentas bancarias en Quintana Roo que quedaron sujetas a una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda en la que los implicados deberán comprobar que la procedencia del dinero en sus cuentas y operaciones bancarias es lícita.

 

En la lista oficial de cuentas congeladas por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021 se encuentran los nombres de personas como el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre, José Luis Yong Cruz; Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety”, ex integrante de la Policía Judicial Federal y ex líder del cártel de Cancún; El ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Francisco Garibay Osorio y su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido; Ricardo Antonio Vega Serrador, dueño de “La Gas”, tiendas “Go Mart” automotriz “Land Rover” y varios desarrollos inmobiliarios en Cancún; El diputado del Partido Verde, José de la Peña Ruiz Chávez; El notario Naín Díaz Medina y el dueño del periódico Quequi, José Alberto Gómez Álvarez.

En el caso de Ricardo Vega Serrador no es la primera que sus cuentas son bloqueadas por el SAT, ya que ha sido investigado anteriormente por “lavado de dinero” en México y Estados Unidos, razón por la cual le fue cancelada la concesión de la agencia Ferrari en Cancún.

En la lista de empresas intervenidas y cuyas cuentas fueron embargadas por el SAT a solicitud de la UIF aparece la Inmobiliaria Crisantemos S.A. de C.V. donde existe un nexo entre Ricardo Antonio Vega Serrador y Francisco Garibay Osorio, ya que esta empresa fue creada por el “Zar de las Gasolineras” el 23 de junio de 2003 y vendida el 4 de junio de 2010 a Garibay Osorio y a su hijo Iván Eliud Garibay Pulido.

La investigación señala a varios funcionarios, quienes no habían sido tocados durante muchos años, pero que por instrucciones del gabinete de seguridad nacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se procedió a congelar sus cuentas e iniciar la investigación.

El documento enlista a 20 empresarios, funcionarios y empresas a las que se les embargaron sus cuentas de acuerdo con el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera y folio SIARA UIF/2021/000097 mediante el cual se notifica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al SAT congelar dichas cuentas.

Las empresas y personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, cuentan con un plazo de 10 días a partir de la notificación para apelar ante la Unidad de Inteligencia Financiera la licitud de sus ingresos.

En el caso de las próximas votaciones a celebrarse el 6 de junio, la autoridad electoral vigilará el origen y destino de los recursos públicos que se utilizarán en las campañas, pero también los montos de aquellas aportaciones permitidas por la normatividad. Para este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral deberá vigilar alrededor de 30 mil campañas simultáneas en todo el país, lo que implicará un complejo proceso de fiscalización.

La colaboración con la UIF permitirá identificar financiamiento ilícito, destino indebido en el manejo de los recursos públicos que utilizan los partidos políticos, aportaciones de dudosa procedencia o incluso uso de empresas fachada, factureras o simulación de operaciones durante las campañas.

En tanto a la investigación sobre el grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Florian Tudor alias “El Tiburón”, líder de la Banda de la Riviera Maya, así como de 78 personas físicas y morales más relacionadas con dicho grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias de turistas, moviendo más de 240 millones de dólares a nivel global.

La organización criminal, que actualmente se ha expandido a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta, opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) , para posteriormente realizar retiros de esas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.

Dicha información ya había salido a la luz ocho meses atrás, después de que sus operaciones fueran reveladas mediante una investigación periodística.

El Gobierno de México ha señalado que entre sus principales ejes de acción se encuentran la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales que utilicen al sistema financiero mexicano para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas. Estas acciones buscan combatir a las organizaciones criminales que operan en el país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero.

Con información de: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Milenio, Proceso, Pedro Canché y La Jornada.

Sólo tres de los diez estados miembros de la Alianza Federalista tendrían plena autonomía financiera, en caso de salirse del pacto fiscal. Tamaulipas, Nuevo León y Colima son las únicas entidades rebeldes con capacidad de financiar gastos estatales y federales con los ingresos que se generan en su propio estado.

De acuerdo con datos del Inegi, el SAT y Hacienda, Tamaulipas, Nuevo León y Colima pueden operar con superávit financiero una vez que hayan ejercido tanto su propio gasto estatal como el que ejerce la Federación al interior de su propio estado en distintos programas presupuestarios, excluyendo las transferencias del Ramo 33.

El Instituto Mexicano para la Competitividad alertó sobre las implicaciones de que los estados dejen el pacto fiscal. Para Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, los problemas serían definir las facultades de recaudación o la doble tributación: que tanto los estados como la Federación puedan cobrar impuestos similares, como IVA o ISR.

Por tanto, el 70% de los estados de la alianza federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Durango y Coahuila) están en incapacidad financiera de hacerse cargo del gasto estatal y federal con los ingresos que se generan en su entidad.

Por el lado económico, Guadarrama advierte que un rompimiento del pacto fiscal implicaría regresar a un esquema de doble tributación, es decir, que tanto estados como la Federación puedan cobrar impuestos similares, tales como el Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto sobre la Renta.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado el embargo de las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet, aerolínea propiedad de Grupo Coral, de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2 mil 947 millones de pesos.

La administradora Lourdes del Ángel Palacios, desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, por la presunta falta de pago del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores y el impuesto al valor agregado, así como multas en 2017, 2018 y 2019.

Dicha empresa se amparó para que el Servicio de Administración Tributaria no hiciera público el embargo de sus bienes y marcas desde el año pasado.

El empresario mexicano, Miguel Alemán Velasco, acusó en ese momento de golpes bajos de la competencia y enfatizó que lo importante son los hechos de la aerolínea mexicana.

En noviembre surgieron versiones que indicaban un embargo por orden judicial de los activos de Interjet, sobre cuentas y empresas de Alemán Magnani a raíz de una denuncia interpuesta por Sistema Radiópolis de Televisa, en el caso de la compra del sistema radial; pero el ejecutivo afirmó que esa información era errónea.

Por ello, los propios abogados argumentaron que para obtener el amparo el análisis de los resultados financieros de los ejercicios de 2013 a 2018 muestran pérdidas acumuladas que podrían interpretarse como una quiebra técnica.

El 14 de febrero de 2020, los verificadores y notificadores del SAT procedieron con el embargo de bienes por 799 millones 874 mil pesos en contra de las propiedades y dinero de la empresa del hijo del ex presidente de la República, Miguel Alemán Valdes, según la documentación de las acciones fiscales emprendidas por el órgano a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez.

Raúl López Martínez, apoderado legal de ABC Aerolíneas e Interjet, fue el encargado de recibir siete embargos por parte de los empleados del SAT, quienes llegaron hasta las oficinas de la compañía que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Se ha planteado una nueva iniciativa que pretende que el SAT pueda realizar embargos precautorios a terceros relacionados con los contribuyentes .

El SAT continúa dando de qué hablar con las propuestas que han sacado a relucir en estas últimas semanas, ahora el Gobierno de México ha planteado ante la Cámara de Diputados el reforzamiento de las medidas en cuanto a embargo de cuentas bancarias de los contribuyentes.

En relación a la iniciativa, se pretende que el embargo no sólo se aplique a los contribuyentes sino también a los terceros involucrados, que se opongan a la revisión o comprobación de ejercicios tributarios.

Con esto se busca obligar a “terceros”, que hacen deducciones o recurren a servicios de las famosas “factureras”, a colaborar con el SAT.

Esto forma parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación incluidas en la propuesta del paquete económico 2021.

En el artículo 40 de éste, se prevé el embargo precautorio del contribuyente, pero la iniciativa de la Secretaría de Hacienda plantea que esto también sea aplicable a terceros relacionados, como clientes, proveedores y empleados.  

Por otra parte, se propone modificar el orden de prelación de los bienes a embargar de tal forma que primero sea sobre depósitos bancarios o inversiones, en segundo sobre cuentas por cobrar, acciones o bonos, en tercer lugar, sobre dinero en efectivo o metales preciosos, y sólo en cuarto lugar sobre inmuebles.