Actualmente en Quintana Roo la subcontratación laboral mantiene en la informalidad a más de 185 mil trabajadores por lo que se están preparando medidas más estrictas para reducir el outsourcing mediante la implementación del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, el outsourcing representa una violación a los derechos de los trabajadores, pues impide que sean registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de impedir que accedan a prestaciones como acceso a la vivienda.

De acuerdo con la iniciativa incluida en el Paquete Fiscal 2021, el pago del impuesto será mediante la declaración mensual en la dirección de recaudación correspondiente y los empleadores deberán pagar una tasa “adicional” del 0.35% multiplicado por la base gravable declarada del Impuesto Sobre Nómina.

Este impuesto será efectuado durante 2021 únicamente para aquellos que continúen utilizando los servicios de outsourcing, es decir, la subcontratación a través de terceros, mientras que aquellas empresas que tengan contratos directos con sus empleados tendrán un subsidio del 100 por ciento.

De esta manera Quintana Roo estará en sintonía con la estrategia implementada a nivel federal pues los ingresos recaudados por este concepto se destinarán “al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo”, en programas que generen e incentiven la creación de empresas y puestos laborales.